27 de febrero de 1989 | Historia de Venezuela
Diccionario de Historia
de Venezuela
Apenas iniciado el segundo gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, entre los días 27 y 28 de febrero de 1989 tuvo lugar en las ciudades más importantes del país un estallido masivo y sorpresivo de violencia popular. La magnitud del hecho estremeció a la sociedad venezolana e impactó a la opinión pública internacional. El 16 de febrero de 1989 el recién posesionado presidente de la República Carlos Andrés Pérez, presentó ante el país un programa de ajustes macroeconómicos -llamado popularmente «paquete económico»-, concebido para generar cambios sustanciales en la economía del país. Se anunciaron medidas de aplicación inmediata y otras de aplicación gradual en plazos relativamente breves. El paquete comprendía decisiones sobre política cambiaria, deuda externa, comercio exterior, sistema financiero, política fiscal, servicios públicos y política social. Las principales medidas anunciadas fueron: decisión de acudir al Fondo Monetario Internacional y someterse a un programa bajo supervisión de ese organismo con el fin de obtener aproximadamente US $ 4.500.000.000 en los 3 años siguientes; liberación de las tasas de interés activas y pasivas en todo el sistema financiero hasta un tope temporal fijado en alrededor del 30%; unificación cambiaria con la eliminación de la tasa de cambio preferencial, determinación de la tasa de cambio en el mercado libre de divisas y realización de todas las transacciones con el exterior a la nueva tasa flotante; liberación de los precios de todos los productos a excepción de 18 renglones de la cesta básica; incremento gradual de las tarifas de servicios públicos como teléfono, agua, electricidad y gas doméstico y sinceración general de precios de las empresas públicas; aumento anual en el mercado nacional durante 3 años de los precios de productos derivados del petróleo, con un primer aumento promedio del 100% en el precio de la gasolina; aumento inicial de las tarifas del transporte público en un 30%; aumento de sueldos en la administración pública central entre el 5 y el 30% e incremento del salario mínimo a Bs. 4.000 en el área urbana y a Bs. 2.500 en el área rural; racionalización y eliminación progresiva de los aranceles a la importación; reducción del déficit fiscal a no más del 4% del producto territorial bruto (PTB) y congelación de cargos en la administración pública. Todas estas medidas a excepción de la última eran de aplicación inmediata. El alza en el precio de la gasolina debía hacerse efectiva a partir del 26 de febrero de ese año y el incremento de las tarifas del transporte público urbano en un 30% a partir del 27 de febrero, válido para los 3 meses siguientes, después de los cuales podrían aumentarse hasta el 100%. A raíz del anuncio del programa, se produjeron discrepancias entre el Poder Ejecutivo y el gremio de los transportistas. Los últimos alegaban que el aumento estipulado no era suficiente para cubrir los incrementos de los costos causados por la elevación del precio de la gasolina, el aumento acumulado del precio de los repuestos y servicios automotrices y del costo de la vida en general, y solicitaron un incremento inmediato de al menos el 70%. La Cámara del Transporte convocó a un paro para el día 27 de febrero ante la decisión del ministro de Transporte y Comunicaciones de no aprobar un incremento superior al 30%. Ese día los choferes de las rutas interurbanas (por ejemplo, los que cubren el trayecto entre Guarenas y Caracas) iniciaron sus recorridos habituales tratando de imponer sus tarifas y desconociendo el medio pasaje estudiantil. Ante ello, los usuarios reaccionaron con indignación, la cual derivó en violencia generalizada. Las acciones violentas consistieron en la quema y destrucción de unidades de transporte urbano e interurbano de propiedad pública y privada; en el saqueo y destrucción de locales comerciales, desde pequeños abastos hasta automercados. También fueron atacados diversos tipos de locales comerciales, talleres y pequeñas fábricas; y tuvieron lugar intentos de penetrar por la fuerza en áreas residenciales de sectores de clase media y alta. Los protagonistas de estas acciones fueron sujetos pertenecientes a estratos populares. Participaron habitantes de zonas marginales ubicadas en los conglomerados urbanos más importantes del país; y en menor medida individuos pertenecientes a los sectores medios de la población. Los actos de violencia se iniciaron en Guarenas (Edo. Miranda). En otras zonas del área metropolitana de Caracas como Caricuao y los alrededores del Nuevo Circo, y en La Guaira se produjeron reacciones similares en contra de las unidades de transporte urbano y sus choferes, que luego se extendieron contra los establecimientos ya mencionados. A través de vías informales y de los medios de comunicación se difundió la información acerca de los sucesos, y la destrucción y los saqueos se fueron repitiendo en otras zonas del área metropolitana de Caracas y en las principales ciudades del interior del país como Maracay, Valencia, Barquisimeto, Mérida y Ciudad Guayana. El estallido tuvo un carácter espontáneo; es decir, las acciones no fueron comandadas por organizaciones partidistas o de otro tipo, y en ellas se combinaron actos violentos de protesta popular, junto con hechos de connotación claramente delictiva, y en mucha menor medida y una vez avanzado el proceso, algunas maniobras políticamente orientadas. Estos hechos mantuvieron a la población en zozobra y crearon un clima de gran tensión durante su desarrollo y semanas después. Para febrero de 1989 reinaba un ambiente de desasosiego económico en el país. Ante las expectativas y conflictos generados en torno al cambio de rumbo de la política económica, los diversos agentes económicos reaccionaron con conductas irregulares. Desde diciembre de 1988 y con creciente intensidad a lo largo de enero y febrero de 1989 se desató el acaparamiento y la especulación con productos de primera necesidad, lo qué causó desabastecimiento e inflación. Esta anomalía generó en la población en general, pero en particular en la de menores recursos, incertidumbre y malestar respecto a su abastecimiento cotidiano. Durante varios meses el intercambio económico fue anómalo y no hubo autoridad económica o política capaz de imponer orden. Es por ello que luego de la inicial reacción en contra de los transportistas y sus unidades, la acción popular se extendió en contra de los locales comerciales de expendio de bienes de consumo diario, en cuyos depósitos fueron encontrados muchos de los bienes que habían desaparecido en el transcurso de los meses que precedieron al estallido. Ante este panorama la ira popular se intensificó, y los ataques se extendieron hacia todo tipo de local comercial. Se generalizaron los saqueos y la destrucción de almacenes, y a las acciones de protesta popular se sumaron acciones delictivas y de pillaje. Dado el carácter simultáneo, masivo, sorpresivo y violento de estos acontecimientos, las fuerzas policiales regulares se vieron superadas por los mismos, actuando con lentitud y sin eficacia en el control de los disturbios. En vista del desbordamiento de la situación, hacia el mediodía del día 28 el presidente Pérez, reunido con el Consejo de Ministros, ordenó a la Guardia Nacional y al Ejército reprimir los disturbios. Igualmente decretó el estado de emergencia, previsto en el artículo 240 de la Constitución, con lo que quedaron suspendidas un grupo de garantías constitucionales durante los 10 días siguientes. Las Fuerzas Armadas asumieron el control del orden público y se estableció un toque de queda a lo largo del territorio nacional, de distinta duración dependiendo de cada estado. Pasados 10 días, el presidente solicitó la autorización del Congreso para mantener el estado de emergencia, la cual fue concedida aun cuando se restituyeron algunas garantías y se suprimió el toque de queda. Los actos de saqueo junto con las irregularidades que siguieron durante la suspensión de las garantías arrojaron enormes pérdidas a los dueños de los locales comerciales y de los transportes urbanos, y la cifra oficial de muertos fue de 300 personas y de más de un millar de heridos. Algunos reportes extraoficiales señalaban cifras superiores de afectados, estimándose el número de muertos en un millar. La mayor porción de las víctimas de este estallido resultó a consecuencia de la intervención de la Guardia Nacional y del Ejército en el control del orden público. Si bien la especulación con los precios de las tarifas del transporte urbano y el desabastecimiento de los meses anteriores explican en lo inmediato la ocurrencia de este estallido, su violencia y magnitud fueron reflejo de profundos procesos de frustración acumulada en la población de menores recursos, derivados del decaimiento económico del país a lo largo de la década de 1980. Las condiciones socioeconómicas generadas a partir del 18 de febrero de 1983, cuando tuvo lugar una drástica devaluación del bolívar, y acentuadas por las irregularidades en el intercambio económico ocurridas durante los últimos meses de 1988 y primeros de 1989, crearon en la población fuertes sentimientos de frustración socioeconómica y falta de credibilidad en la capacidad y voluntad de las autoridades públicas y de los agentes económicos para actuar con seguridad y equidad. Por otro lado, el proceso electoral de 1988 creó moderadas expectativas de superación socioeconómica y de reorientación de la vida económica y política del país, sobre la base tanto de las devaluaciones positivas de la anterior administración, como de las expectativas en las habilidades del nuevo presidente. El anuncio del programa económico liquidó las ilusiones optimistas y acentuó el desencanto en la mayor porción de la población, cuyo voto había sido determinante para el triunfo de la candidatura de Carlos Andrés Pérez. Esta población, que acumulaba frustraciones desde 1983 y molestias agudas desde finales de 1988, sólo requirió de un pretexto circunstancial para expresar sus tensiones represadas, las cuales no pudieron tramitarse a través de los canales convencionales de participación social y política. A raíz de los sucesos del 27 y 28 de febrero de 1989, convicciones firmemente arraigadas como la supuesta pasividad popular, el control de la población por parte de los partidos y organizaciones establecidos, la estabilidad de la democracia, quedaron cuestionadas. La situación critica de los años venideros (como los 2 intentos de golpe de Estado de 1992) evidenciaría dramáticamente el malestar existente en el país, al igual que las limitaciones de los actores y procedimientos habituales para enfrentarlo. M.K.
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Información recuperada de:
Diccionario de Historia de Venezuela. 2da Edición. Caracas: Fundación Polar, 1997.