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Esclavitud en Venezuela



Plano de un barco negrero. 1879. Grabado publicado por James Phillips en Londres.
Archivo General de Indias, Sevilla, España.

  • Forma de esclavitud indígena
  • Inicio de la trata de esclavos africanos
  • Primeros esclavos en Venezuela
  • Concesión a Inglaterra para la venta de esclavos en América
  • Dinámica de la compra de esclavos
  • Compañías europeas y sistemas de asientos
  • Situación jurídica del esclavo
  • Oficios
  • Libertades
  • Matrimonio
  • Los cumbes
  • Alzamientos de esclavos en el siglo XVIII
  • El papel de la Iglesia
  • Cárceles y castigos
  • Situación de los esclavos en los inicios del siglo XlX
  • Decreto "sobre libertad de los esclavos" (1816)
  • Decreto del 19 de julio de 1821 (manumisión)
  • Balance de la situación de los esclavos después de la Guerra de Independencia
  • El lento proceso de abolición
  • Levantamientos de esclavos entre 1822 y 1845
  • Abolición definitiva (1854) e indemnización a propietarios

Los indígenas que habitaban estas tierras antes del arribo de los españoles, tenían por costumbre tomar prisioneros de guerra, a los cuales denominaban macos e itotos y era corriente la utilización compulsiva de esa mano de obra en beneficio de los vencedores. Es obvio que este esquema no podría aplicarse a un sistema propiamente esclavista, puesto que no existía la propiedad absoluta de la persona y de su fuerza de trabajo, además de que ese cautiverio era temporal. Sin embargo, a la llegada de los conquistadores, éstos aprovecharon la circunstancia anotada para esclavizar a los macos e itotos que obtenían por compra de grupos indígenas en pugna, quedando así modificado el sentido inicial de tal costumbre. A comienzos del siglo XVI, en su viaje a las islas y Tierra Firme del mar océano, Alonso de Ojeda recibe autorización real para traer 6 esclavos blancos nacidos en los reinos de Castilla. Es bien sabido que en diversas partes de Europa, por razones de tipo económico, muchas personas se vendían como esclavos por un número limitado de años. Los esclavos negros africanos comenzaron a ser exportados de África hacia Portugal desde 1441. Según Mannix y Cowley hubo 5 formas mediante las cuales los nativos africanos pasaban a ser esclavos: 1) criminales vendidos como castigo por los jefes nativos; 2) individuos que se vendían o eran vendidos por sus familiares en épocas de hambre; 3) personas secuestradas por los esclavistas europeos o por las cuadrillas nativas; 4) esclavos vendidos por sus amos; 5) prisioneros de guerra. Algunas aldeas africanas solían vender como esclavos a los delincuentes y a las mujeres adúlteras, lo cual ocasionó grandes abusos.

El tráfico negrero entre África y América tuvo episodios verdaderamente dramáticos, cuando los negros que eran llevados del interior a la costa, atados con cadenas por el cuello, se resistían a ser embarcados. La trata negrera comienza a desarrollarse en manos de traficantes portugueses, ingleses, franceses, holandeses y españoles. Negros mandingas, zapes, congos, loangos y de otros gentilicios, eran transportados en las bodegas de los barcos, en vergonzosa promiscuidad, arrancados de sus aldeas africanas por compra o por cacería. Entre los capitanes negreros surgen 2 tendencias: la de los «fardos flojos», según la cual si se trataban mejor, con suficiente comida y espacio entre unos y otros, la carga llegaría en óptimas condiciones a los puertos de destino, lo cual permitiría una ganancia segura; y la de los «fardos prietos» que defendía la tesis de llevar una mayor cantidad de personas, pues aunque muriera una elevada proporción de ellos en la travesía (30 a 40% de la carga), por incomodidades y malos tratos, aun así se obtendrían mayores ganancias por el alto número de negros transportados. Aducían, además, que si llegaban flacos y desmejorados por la promiscuidad a que eran sometidos, de todos modos cabía la posibilidad de «engordarlos o cebarlos» en los depósitos de esclavos que existían en cada puerto. Algunos de los puertos habilitados por la Corona española para recibir las «piezas» de negros africanos, fueron Veracruz, La Habana, Santo Domingo, Portobelo, Cartagena de Indias y La Guaira. Los negros de menos de siete cuartas de altura no eran considerados como una pieza, como tampoco aquéllos que, aun teniendo la altura requerida, tuviesen algún defecto físico notorio. Una madre con un niño de pecho pasaban como una sola pieza. Esta forma de medir los esclavos se denominaba «palmeo» y la marca que se les hacía con un hierro candente en alguna parte del cuerpo, generalmente en un brazo, se conocía con el nombre de «carimba», práctica ésta que fue suprimida por real cédula de 4 de noviembre de 1784. Los españoles se sumaron al tráfico esclavista desde el siglo XV, transportando negros de Guinea que eran depositados en Sevilla para su traslado a América. Muchos de los españoles allegados a la Corte, solicitaban y obtenían licencias reales que luego vendían a los traficantes. María de Toledo, quien tenía el título de virreina de las Indias, obtuvo una real cédula en 1537 para traer a América 300 negros esclavos; meses más tarde, 200 más y al año siguiente hubo un nuevo embarque de 100.

Siglos XVI-XVIII

En cuanto a Venezuela, los primeros esclavos llegaron con los welser y a mediados del siglo XVI los españoles introdujeron alrededor de 80 que llevaron a Buría, algunos de cuyos integrantes tomaron parte en el alzamiento del Negro Miguel, en 1555. En 1560 Sancho Briceño obtuvo licencia para 200 y luego el procurador Simón de Bolívar pidió licencia para 3.000. No sólo los peninsulares traían esclavos: también comerciaban con ellos los criollos. En muchas épocas se utilizó el trueque en el comercio intercolonial y era usual que se cambiaran mulas criollas por esclavos negros. Los criollos controlaban gran parte del comercio de negros con las Antillas, siendo importante su participación en el tráfico intercolonial. Indudablemente que fue Inglaterra uno de los países que más se aprovechó de este comercio: llegó a extraer de África hasta 80.000 negros al año y aseguró su predominio en este ramo al firmar el Tratado de Utrecht en 1713, obteniendo el privilegio de abastecer a las colonias españolas por un período de 30 años, comprometiéndose a introducir 4.800 piezas al año. Por el Tratado de Aquisgrán, en 1748, les quedó renovado tal privilegio; pero por el Tratado de El Retiro, en 1750, Inglaterra renunció a él, recibiendo en cambio 100.000 libras esterlinas. Es decir, que durante 37 años Inglaterra fue la proveedora de esta mercancía para las colonias españolas en América. En cada puerto de llegada había funcionarios denominados factores, los cuales cumplían con la tarea de efectuar el palmeo y revisar la carimba. A su vez, contaban el número de negros importados: hasta los 7 años de edad se les llamaba mulequillos, y 2 de éstos eran contados como una sola pieza; los muleques (de 7 a 12 años) y los mulecones (de 12 a 16 años) pasaban por una pieza cada uno, siempre y cuando estuvieran bien de salud, pues a veces 2 muleques enfermos formaban una pieza. En casos especiales, cuando el deterioro corporal era muy notorio, 2 adultos podían ser considerados como una sola pieza, para efectos de su venta al público. Los negros bozales o recién importados, es decir, los que sólo hablaban su lengua nativa, eran más solicitados por los compradores, ya que en esa forma, por las dificultades de comunicación entre ellos y otros negros, había menos posibilidad de deserción o alzamiento, a la vez que tenían menos tachas o defectos. En cambio, los esclavistas les temían a los ladinos, que eran los africanos ya adaptados a la vida americana, con dominio del castellano, así como también a los negros criollos, o sea nacidos en territorio americano. Los países europeos que participaron en el lucrativo tráfico negrero, como España, Portugal, Inglaterra, Francia y Holanda, poseían grandes compañías de navegación especializadas en dicho transporte. En 1621 comenzó a operar la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales; en 1672, la English Royal Áfrican Company; en la primera década del siglo XVIII, la Compañía Real de Guinea (francesa); y en 1764 la Real Compañía Guipuzcoana inicia relaciones comerciales de embarques negreros con la firma británica de Wenland Brothers. En las tiendas de Liverpool (Inglaterra) se exhibían en sus vidrieras distintos tipos de grilletes, candados y cadenas para esclavos. Además de las compañías hubo el sistema de asientos y licencias, hasta que en 1789 la Corona española declaró libre el comercio de esclavos. La llegada de los negros a los puertos constituía una especie de feria, donde se producía un inusitado movimiento de compra-venta; los traficantes repartían aceite de coco, para que los esclavos lustraran su piel y así presentaran un mejor aspecto ante los ojos de los posibles compradores, quienes también revisaban cuidadosamente su dentadura. La gente que tenía dinero lo invertía en esclavos; era un negocio reproductivo, ya que al comprarlos se estaba adquiriendo también la posible prole. Por lo tanto, era favorable enviarlos a las llamadas «casas de engorde o reproducción» que había en ciertos puertos, como La Guaira, donde se les daba buen trato, con suficiente comida y cómodo alojamiento, favoreciendo así la reproducción. Generalmente se importaban dos terceras partes de hombres y una tercera parte de mujeres. El esclavo negro en las distintas provincias que conformarían la nación venezolana, no constituyó nunca una cosa propiedad de un amo, aunque no es posible comparar su condición jurídica con la de los esclavos de la antigua Roma; el esclavo sufría lo que se ha denominado una capitis deminutio: una disminución de su capacidad jurídica, pues carecía de ciertos derechos que lo situaban en otro lugar diferente a los vasallos del Rey que, por su condición de blancos, disfrutaban de grandes prerrogativas. Pero el esclavo, en Venezuela sí tenía ciertos derechos, comprobable sólo con el hecho de que podía comprar su libertad, vender el producto de su «arboledilla» o contraer matrimonio. Además, podía disfrutar del derecho de asilo, ya que un esclavo fugitivo que se refugiara en una iglesia, debía ser respetado; igualmente, podía suscribir contratos de manumisión con su amo, y en caso de fallarle éste, el esclavo estaba en el derecho de entablar demanda ante los tribunales. También es cierto que el esclavo doméstico, en toda América, estuvo en mejores condiciones sociales que los dedicados al trabajo en minas o haciendas.

Oficios: 

A medida que iba escaseando la mano de obra indígena, por las deserciones y muertes que se producían, los amos de hatos y haciendas en las provincias sintieron con mayor fuerza la necesidad de importar esclavos negros, los cuales fueron sustituyendo, con más eficacia, la ya decadente población indígena. Los primeros negros africanos que llegaron a América en el siglo XVI fueron esclavos-conquistadores, los cuales colaboraron en el sometimiento de los indios. En ese siglo XVI los esclavos negros que arribaron a las islas y Tierra Firme, tenían como ocupación primordial la pesca de perlas y la explotación de minas; ya en el siglo XVII se utilizaron en la apertura de caminos de penetración y como grupos de defensa contra los pocos indígenas que intentaban alzarse o formar «guazábaras». En el siglo XVIII ya eran muchos y variados los oficios que podían desempeñar: pintores, plateros, herreros, albañiles, carpinteros, doradores, fabricantes de ladrillos y tejas, agricultores, criadores y en algunos casos, hasta maestros de escuela. El sistema de aprendizaje de estos oficios consistía en que el amo adscribía a uno o varios de sus esclavos a un maestro artesano, quien mediante el cobro de una suma convenida, enseñaba al esclavo el oficio a que él se dedicaba. Después de unos cuantos meses, el esclavo sabía un oficio y entonces el amo alquilaba su fuerza de trabajo. Uno de los trabajos más típicos del esclavo, por el rechazo de los libres a tal oficio, era el de verdugo. Así como los hombres, en su mayoría, se ocupaban de tareas agrícolas y artesanales, las mujeres se utilizaban en los oficios domésticos, como cocineras, lavanderas, planchadoras y ayas de los niños blancos. Cuando la madre blanca o de clase, por alguna razón, no podía amamantar a su hijo, lo entregaba al cuidado de una criadora negra, formándose así vínculos muy fuertes que perduraban a través del tiempo.

Libertad: 

Aparte del trabajo compulsivo realizado para el amo en su condición de esclavo, cuando éste poseía ciertas cualidades o habilidades, era aprovechado por aquél para alquilarlo. Así tenemos que, en multitud de casos, el esclavo realizaba trabajos fuera de la casa del amo, por el cual percibía un pago o salario, según lo convenido. Este beneficio así obtenido por el esclavo, en la mayoría de los casos pasaba a engrosar el patrimonio del amo; pero a veces el esclavo corría con suerte y se le autorizaba para administrarlo como bien propio o economizarlo para luego comprar su propia carta de libertad o la de algún miembro de su familia. Por supuesto que el pago de esa libertad también iba a las arcas del amo. Ese bien supremo de libertad a que aspiraba, podía ser adquirido por varios medios: 1) por testamento, cuando el amo establecía en una cláusula del mismo que otorgaba la libertad a uno o varios de sus esclavos por haberlo servido con fidelidad y eficiencia (y a veces hasta con «amor», como dicen algunos documentos); 2) por voluntad del amo, cuando éste resolvía en vida dar carta de libertad a uno de ellos; 3) por bautismo o pila, cuando se trataba de esclavos fugitivos de las Antillas, que al llegar a Tierra Firme, solicitaban ser bautizados y cumplido este requisito se les consideraba libres; 4) por compra de su propia carta de libertad; 5) por manumisión, cuando las leyes y decretos así lo permitían; 6) por delación, cuando las autoridades ofrecían como premio dar la libertad a todo esclavo que delatara un fugitivo o conspirador; y 7) por alistarse en el ejército, cuando así lo prometían los jefes, tanto patriotas como realistas. Sobre todo a partir del siglo XVIII, en pleno auge cacaotero en el territorio venezolano, una de las formas más comunes para que un esclavo pudiera reunir el dinero necesario para hacerse libre consistía en el sistema de «arboledillas» o «haciendillas». Era usual en esa época que el dueño de una hacienda de cacao, con las esclavitudes para su laboreo, otorgara a estos negros pequeñas parcelas alrededor de su hacienda principal y en los lugares más inaccesibles, a fin de que allí cada esclavo trabajara su conuco para atender a la subsistencia propia y de su familia. Era una forma de que el amo descargara su responsabilidad de mantenerlos y a la vez utilizar las tierras aledañas a su finca, poniéndolas a producir sin ningún gasto ni esfuerzo adicional. Esto de las arboledillas en más de una ocasión fue motivo de disgusto para el amo, ya que los esclavos comprendieron que, si además de la yuca y el maíz para comer, sembraban también cacao para vender, podrían lograr algún beneficio personal. Esto trajo como consecuencia que, en variadas ocasiones, el cacao vendido legalmente como propio de los esclavos no era más que el robo que le hacían a la hacienda del amo y proliferó el contrabando con los holandeses que, desde Curazao, venían a las costas a negociar clandestinamente con los esclavos, cuyo producto compraban a mejor precio por ser de dudoso origen. Así es que lo que, en un principio inició el amo como una nueva forma de explotación de la fuerza de trabajo de su esclavo, a la postre resultó tan perjudicial para los blancos hacendados que tuvieron que recurrir al Rey en solicitud de una real cédula que prohibiera el tan extendido sistema de arboledillas, que por la sagacidad del elemento negro se transformó en un arma de doble filo que afectó al mantuanismo criollo.

Matrimonios: 

Los reyes españoles tuvieron gran cuidado en legislar con un criterio de estratificación social que no permitiera ciertas mezclas étnicas, las cuales podrían resultar perjudiciales a la buena marcha de sus provincias de ultramar. Sin embargo, la legislación fue una, y la realidad americana otra. Desde muy lejanos tiempos el mestizaje tomó auge en la medida en que los blancos, indios y negros se mezclaban sin mayores escrúpulos, acelerando un proceso que dio por resultado una base piramidal de amplios componentes pardos. Dentro de la legislación indiana, vientre esclavo engendraba esclavo y sólo el interés de un padre blanco podía lograr la fácil libertad de este hijo mulato, al darle la carta que le acreditaba tal prerrogativa. El padre de ese hijo mulato tenía prioridad sobre otros compradores del pequeño. A pesar del interés de las autoridades civiles y eclesiásticas por mantener ciertas normas de moralidad, al promover los matrimonios entre esclavos, evitando así en lo posible las uniones ilícitas entre ellos, la realidad socioeconómica se imponía y muchos dueños de hatos y haciendas se oponían a la legalización de esas uniones. Esto se debía a que si se producía un casamiento entre esclavos de distintos amos, se planteaba el problema de que la mujer debía vivir en el mismo «repartimiento» donde habitaba el marido, lo cual entorpecía su trabajo dentro de las propiedades del amo. En algunos casos, éste prefería espontáneamente venderla al dueño del marido. En otras ocasiones se daba lo que se denominaba «sonsaque», mediante el cual el amo de uno de los 2 sacaba arteramente al otro del poder de su dueño, lo cual traía problemas o litigios entre ambos propietarios.

Cumbes y rochelas: 

Cuando algunos esclavos cimarrones no se adaptaban a vivir bajo la tutela de su propietario, huían definitivamente a las montañas formando los llamados «cumbes», donde habitaban en chozas alejadas de la acción de amos y autoridades. Desde allí bajaban a los caminos y poblados para asaltar y robar, transformándose en el azote de la región. En algunos casos estos cumbes fueron el origen de pueblos que se formaron a todo lo ancho de la geografía del país. Asimismo, grupos de mulatos y negros libres se juntaban, formando las llamadas «rochelas». Los repartimientos de negros, que era el sitio de la hacienda donde tenían sus chozas o bohíos («bujíos», como decían ellos), llegaron a formar con el tiempo importantes núcleos poblacionales. Los pueblos eminentemente negros se formaron en las zonas costeras y bajas, donde proliferó el cultivo del cacao y se requirió la concentración de mano de obra negra, por ser fuerte y adaptable a las tierras cálidas. Los pueblos de Taría, Cabría, Urama y Morón, en las costas centrales, tuvieron sus orígenes en capellanías de negros allí establecidas; así como Curiepe fue un pueblo fundado por negros libres. A través de todo el siglo XVIII se nota un aumento de los alzamientos de esclavos. Es probable que este auge tuviera su origen en una razón de tipo económico: el siglo XVIII es el siglo del cacao en las provincias que luego conformaron a Venezuela, aunque, como queda dicho, se sitúa fundamentalmente en las zonas costeras y cálidas. Es la época en la cual, con el aumento de la producción y venta del cacao en los mercados europeos, se requiere más mano de obra en las haciendas. Este requerimiento hace que los terratenientes criollos compren mayor cantidad de ellos y esto trae consigo un aumento de la incidencia delictiva entre estas «clases bajas», como se les decía, puesto que los esclavos, al sentirse más fuertes cuantitativamente, emprenden acciones que antes no se habían atrevido llevar a cabo. Además, ya en ese siglo XVIII son muchos los negros fugitivos de las Antillas, que vienen a estas provincias imbuidos de las ideas francesas de libertad e igualdad. No olvidemos que es en 1789, el mismo año en que se produce la Revolución Francesa, cuando se autoriza el libre comercio de esclavos. Es por todo esto que a finales del siglo se producen más rebeliones y alzamientos. Los sucesos de Haití también van a influir en este comportamiento. De allí que a partir de 1770 se nota ya un incremento de este fenómeno y los dueños de haciendas elevan sus voces fomentando la creación de cuadrillas armadas, a fin de proteger sus propiedades y sus vidas. En 1721 las autoridades reales calculaban en 20.000 los negros cimarrones en toda la provincia de Caracas y ya en 1786, José de Castro y Araoz decía que, sólo en los llanos, había unos 24.000. Según la misma fuente, entre 1794 y 1795 fueron entregados a sus amos unos 500 cimarrones. Entre 1550 y 1800 hubo insurrecciones, sublevaciones y alzamientos con un total de 9 movimientos de cierta significación. La lucha de las fuerzas productivas representadas por los esclavos negros y por los mulatos, negros libres, indios y toda aquella masa marginada de pardos que había ido aumentando cuantitativamente a través del tiempo, enfrentada a los amos y terratenientes que ya tenían gran poder económico y social, incentivaron, sin lugar a dudas, las rebeliones negras de finales del siglo XVIII. A estas causas internas hay que agregar las influencias externas antes citadas. Desde los remotos días del año 1586, ya son célebres los negros cimarrones que habían sido propiedad del mariscal Castellanos, ubicados en las montañas de Río de la Hacha, uno de cuyos integrantes, usando sobrepelliz y bonete, decía misa y bautizaba niños, imitando así las costumbres de los blancos. Desde el principio de la colonización fueron muchos los alzamientos de esclavos, pero en la segunda mitad del siglo XVIII, factores económicos, sociales e ideológicos incidieron notoriamente sobre este proceso, haciendo cada vez más difícil el control sobre las esclavitudes.

Iglesia y esclavos: 

La Iglesia en América, institución que a través de los años fue pilar fundamental de la monarquía española, actuó en diversos campos de la vida colonial no sólo como ductora espiritual de los vecinos, sino también tomando parte activa en la economía y la sociedad. De allí que en relación con los esclavos, la Iglesia, como parte integrante del contexto de la época, también era poseedora de esclavos, algunos adquiridos por compra y otros por donación. La Iglesia, a través de sus diversos mecanismos, estableció sistemas de control del tiempo libre de los esclavos, colaborando en esta forma con las autoridades civiles, que mantenían una permanente vigilancia sobre los mismos. Las capellanías y cofradías cooperaban activamente en encauzar esa parte de la población: los capellanes que se encargaban de adoctrinar a los negros en las normas de la fe católica, dirigían y observaban todos sus actos, festividades y rezos, en el sentido de no dejarlos rebasar las disposiciones de seriedad y compostura que debían imperar en las fiestas religiosas que se hicieron propias de su etnia, como lo era el día de San Juan Bautista, y el capellán vigilaba que las danzas y tambores no cayeran en actos procaces que pusieran en peligro la legitimidad de su origen religioso. Igualmente, las cofradías de negros eran grupos de ellos reunidos bajo la advocación de un santo patrono, que se organizaba con fines espirituales y temporales y cuyos integrantes debían regirse por una constitución cuyo articulado tenía que estar aprobado por el obispo y por el Rey. También las milicias de negros, en el campo militar, ayudaban con su organización a vigilar y controlar en forma orgánica el tiempo disponible de los negros horros o libres y también de aquéllos que, aun teniendo amo, quisieran adscribirse a estas instituciones. La Iglesia, como es obvio, también poseía sus propios esclavos para las diversas labores de ayuda al culto y muchos fueron los donantes de esclavos quienes, en un acto de fe cristiana, los regalaban a santos, capillas e iglesias. Un aspecto esencial de la sociedad colonial era la llamada limpieza de sangre, que consistía en hacer un recuento genealógico ante la Real Audiencia, acompañado de la respectiva documentación probatoria de que el interesado verdaderamente pertenecía a la clase social de la cual se creía parte integrante. Aquí en América no sólo interesaba a los blancos probar su condición, sino que también los indios, mestizos y negros se afanaban en demostrar su calidad. Dentro de las cofradías de negros existía gran discriminación entre libres y esclavos. Los primeros podían optar a cargos en los cuales administraban los bienes de la cofradía, en cambio, los esclavos sólo podían aspirar a cargos secundarios, de trabajos rudos, pero jamás tuvieron la confianza de los otros en cuanto a la administración de bienes. Algunos negros solicitaban su expediente para probar su limpieza de sangre, basándose en que eran hijos legítimos de negros libres y que entre sus antepasados no había ningún esclavo. Además, por las diversas mezclas que habían surgido a través del mestizaje, a los negros e indios les interesaba probar que eran «puros» y no producto de mezclas, como eran los «cuarterones», «quinterones», «salto-atrás», «tente-en-el-aire» y muchos otros exponentes de ese acelerado mestizaje.

En la época colonial, las organizaciones productivas fueron el reflejo de un régimen de trabajo cuyas estructuras eran bastante heterogéneas, produciéndose grandes diferencias entre los subgrupos sociales. Los censos o préstamos a interés que hacía la Iglesia a través de sus conventos, cofradías, parroquias, etc., eran utilizados muchas veces por los solicitantes en la compra de esclavos negros, con el fin de aumentar la mano de obra requerida para el cultivo y progreso de hatos y haciendas. En infinidad de casos, las hipotecas que se hacían a la iglesias sobre bienes inmuebles, incluían sus esclavitudes, sobre todo si se trataba de fincas agrícolas y pecuarias. La Iglesia colonial venezolana, a pesar de no ser una de las más ricas de América, sí cumplió una función financiera dentro de la comunidad, pues si bien es cierto que cobraba un interés sobre el dinero prestado, lo cual podría tener ciertos rasgos de un capitalismo usurario en lugar de un capitalismo financiero, la verdad es que el interés que cobraba jamás sobrepasó el 5% anual establecido. Todo lo contrario, a raíz del proceso independentista y del terremoto del año 1812, la Iglesia reduce el interés de sus censos a un 3% anual y eso no sólo en esa época, sino mucho antes, cuando se sucedían catástrofes o situaciones que causaban impacto negativo en las fincas (sequías, inundaciones, plagas), la Iglesia reducía los intereses para permitir a los censatarios el pago de sus compromisos, evitando en esa forma la ruina de muchas personas. Su función financiera se observa también cuando, mediante esos préstamos monetarios, contribuye a mejorar las condiciones productivas de la hacienda, aumentando el número de esclavos y ampliando las siembras en tierras antes incultas. Es innegable que la Iglesia ayudó notablemente al mejoramiento económico de la colectividad, poniendo en funcionamiento mecanismos que, de otra manera, hubieran permanecido estáticos por falta de estímulo.

Cárceles y castigos: 

Como en toda sociedad dividida en clases, en la Colonia existían distintos tipos de cárceles, según la condición social del individuo: había cárceles eclesiásticas; reales o de corte; hospicios y cárceles para mujeres blancas; cárceles para indígenas y casas de corrección para pardos y negros. La casa de corrección, con capacidad para 60 reos, era vigilada por la guardia de milicianos pardos. Cuando un esclavo huía del amo, las autoridades civiles y militares tomaban sus medidas a fin de lograr su pronta captura. Pero cuando ellas resultaban ineficaces, entonces se apelaba al poder de la Iglesia sobre sus feligreses: se colocaba un anatema, consistente en un tétrico mensaje episcopal amenazando con múltiples maldiciones y desgracias a aquellas personas que fueran cómplices en la fuga del esclavo solicitado o simplemente a aquéllas que conocieran su paradero y no lo denunciaran ante las autoridades. Una vez capturado, sufría los rigores del castigo por parte de amo y autoridades. Para el amo era motivo de regocijo su recuperación, ya que había invertido en él buena parte de su dinero, pues un esclavo joven y en óptimas condiciones físicas valía alrededor de 400 pesos. El precio variaba según la edad, el sexo, las condiciones de salud y la época y lugar de la transacción, ya que uno comprado en el puerto de desembarque valía un poco menos que los adquiridos tierra adentro, por los riesgos del transporte. El precio de un esclavo sano comenzaba a subir considerando la edad a partir de los 18 años y decrecía a partir de los 40. Eran muchos los castigos con que los esclavos pagaban sus culpas. Algunas veces, si la falta era muy grave (sobre todo si se trataba de insurrección contra el régimen) se les aplicaba la pena capital; en otras ocasiones se les daban azotes (pero no debía haber efusión de sangre). El número de azotes variaba mucho, pero por causas más o menos graves se les daban 200. Otro castigo consistía en servir al Rey, en obras públicas, a ración y sin sueldo; también se castigaban con el destierro; en otros casos se les recluía en la casa de corrección, con grilletes, cadenas o cepos. En ciertas circunstancias y cuando el caso lo requería, el amo del esclavo debía pagar una multa para resarcir a las cajas reales por las faltas cometidas por su esclavo, del cual era responsable. Los negros levantiscos o más proclives a la insubordinación, eran controlados mediante rígidas normas, entre las cuales estaba la de no portar armas ni salir de noche sin licencia del amo. Además, todo negro que se encontrara a ciertas horas de la noche en la calle, debía probar que tenía domicilio fijo y pertenecía a algún señor. El Código Negrero de 1789 estableció las siguientes penas corporales: 1) por 4 días de ausencia, 50 azotes; 2) por 8 días de ausencia, 100 azotes y una calza de hierro de 12 libras en un pie, por 2 meses; 3) por 6 meses huido, pena de muerte; 4) por otras faltas, mutilación de miembros. En igualdad de circunstancias por una falta cometida, los esclavos no sufrían penas de prisión tan largas como los libres, notándose en esto la influencia del amo, que no quería desprenderse de un servidor por demasiado tiempo, ya que se perjudicaba económicamente. Cuando los negros presos en la casa de corrección salían a la calle con sus guardianes a cumplir la realización de obras públicas, lo hacían con cadenas o grilletes en los pies, a fin de evitar fugas. El Santo Tribunal de la Inquisición, a través de sus diversos comisariatos, se ocupaba de castigar a toda persona, de cualquier condición social, que se viera comprometida en casos de herejías, idolatrías, brujerías y hechicerías. Los negros, tanto esclavos como libres, sobresalían en estas prácticas y casi siempre algunos de ellos se veían comprometidos cuando se hacían averiguaciones en relación con estas actividades. Gran parte de estos actos realizados por negros se hacían para curar enfermedades o descubrir ladrones. Los sistemas más utilizados por los brujos de color durante los siglos XVII y XVIII fueron la totuma o la batea con agua, donde se reflejaba la imagen del culpable; la suerte del broquel (que se hacía con una tijera o espada) y la suerte que se efectuaba con un «chiflillo» o caracol. Muchas de estas prácticas realizadas por negros, incluían manifestaciones diabólicas, lo cual era castigado por la Inquisición. Los negros herbolarios fueron muy famosos, al elaborar sus pócimas con ciertas hierbas, a las cuales se les atribuían cualidades curativas. Las prácticas de brujerías de los negros causaban gran impacto dentro del conglomerado, que veía con asombro y respeto las manifestaciones mágico-religiosas de los africanos, los cuales se aprovechaban de ello para adquirir poder, aplicando los usos y costumbres de sus ancestros. E.T. de V.

Siglo XIX

1810-1854: En vísperas de estallar la Guerra de Independencia la esclavitud era una añeja institución en la vida venezolana. Afectaba, según las estimaciones más generosas, a 80.000 personas que componían cerca del 10% de la población. Los esclavos se distribuían desigualmente en las provincias pero se concentraban fundamentalmente en los valles costeros del área central, Barlovento, valles del Tuy y los valles intercordilleranos, particularmente en la cuenca del lago de Valencia, así como en algunas zonas de la cuenca del lago de Maracaibo. Eran menos abundantes en los llanos, oriente y Guayana y de muy escasa importancia en la cordillera andina. A fines del período colonial la esclavitud ya había pasado sus mejores épocas. Disminuida la entrada de esclavos desde el exterior, su uso era reducido en los cultivos que se expandieron a partir de 1770 (añil, tabaco, algodón, café) y la mano de obra permanente estaba compuesta cada vez más por los peones contratados como asalariados libres, aunque bajo estricto control, de base racial parda y no negra.

Hacia fines del siglo XVIII soplaban vientos de cambio en la condición de los esclavos. Una real cédula de Carlos IV prescribió una serie de medidas que mejoraban relativamente las condiciones y el trato que debían recibir los esclavos. La no puesta en práctica de dicha medida legal, debido a la oposición de los propietarios de esclavos, extendió la creencia de que el Rey había ordenado una liberación a la que se negaban los amos, ocultando para ello la existencia de la cédula real. En 1791 estalla la exitosa insurrección de los esclavos de Haití esparciendo en el Caribe el ejemplo de una lucha victoriosa entre quienes compartían su condición. En 1795 se subleva José Leonardo Chirino en la serranía de Coro en un movimiento fuerte y rápidamente reprimido. Gual y España en su abortada conspiración (1797), preveían la libertad de los esclavos, tras pago de indemnización a sus amos. En estas condiciones no es difícil comprender que tanto los esclavistas como los funcionarios coloniales españoles temieran la agitación entre la población negra y no vacilaran en reprimir conjuntamente y con mano de hierro los más mínimos indicios insurreccionales. Es así como la oligarquía mantuana colabora con las autoridades españolas en la represión de los intentos de Chirino y de Gual y España, aunque poco después separarían radicalmente sus caminos en cuanto a los destinos de Venezuela.

Al desatarse el proceso de la independencia, la actitud de la oligarquía mantuana hacia la esclavitud va a ser consecuente con lo hasta ese momento manifestado. Es por ello que en las medidas inicialmente tomadas cuando se desencadena el movimiento independentista, la esclavitud como institución en la sociedad venezolana no es tocada. Internamente se mantiene en los mismos términos, sin el más mínimo cambio. La única decisión que la afecta es el decreto de la Junta Suprema prohibiendo el tráfico (internacional) de esclavos de fecha 14 de agosto de 1810. Esta medida no es, en lo inmediato, de una significación tan relevante como parece a primera vista pues la introducción de esclavos negros había disminuido desde hacía varias décadas; la inseguridad en el comercio internacional por las continuas guerras europeas y la creciente oposición británica a dicho tráfico contribuyeron a esta disminución. En la década de 1780 y 1790 entraron legalmente 2.961 esclavos y entre 1800 y 1810 no lo hizo ninguno, a pesar de que hubo varias contratas acordadas para su importación. Sin embargo, la prohibición de introducir nuevos esclavos va a ser muy importante a largo plazo pues va a eliminar la posibilidad de nutrir con nuevas y exteriores fuerzas a una institución que va a ser sometida en poco tiempo a crecientes presiones tendientes a disolverla. La Constitución de 1811 no cambia en lo más mínimo la situación de los esclavos y la Primera República cae bajo los fragores de una lucha que se crece a momentos y en la que los españoles empiezan a utilizar los llamados a la libertad de los esclavos para que se incorporen a la lucha contra sus amos que se encuentran, mayoritariamente, en el bando patriota. Hasta 1816 los patriotas no perciben en toda su crudeza la necesidad de hacer concesiones a los sectores populares (pardos, esclavos) para que se incorporen a la lucha contra los españoles y a lo más, hay posiciones muy personales como la de Simón Bolívar que permiten la libertad de sus esclavos en 1813 y 1814. No hay sin embargo, una posición similar, ni la conciencia de su necesidad, por parte de la mayoría de los propietarios. Se trata de casos aislados que por lo mismo muestran el mérito personal de quienes los promueven.

Es a partir de 1816, ya en una nueva fase de la Guerra de Independencia, que Bolívar emite el decreto «Sobre libertad de los esclavos» (2 junio) con la obligación por parte de éstos de incorporarse a las filas patriotas pero la acogida y los efectos de dicho decreto son reducidos como lo son las posiciones patriotas en ese momento. Además se ha de tener en cuenta que Alejandro Petión, presidente de Haití, había exigido una medida de este tipo para financiar y ayudar a la expedición patriota comandada por Bolívar. Por el lado realista, Pablo Morillo emite disposiciones que intentan controlar la influencia que José Tomás Boves y Francisco Rosete, por sobre otros realistas, habían adquirido entre los esclavos, conduciendo a un gran deterioro de las relaciones reales de dominación en las zonas afectadas por la guerra. Los mencionados realistas llamaban abiertamente a los esclavos a incorporarse a la lucha en contra de sus amos. Los llamados de Bolívar se reiteran en 1818 cuando emite varios decretos llamando a los «antiguos esclavos» a defender su libertad incorporándose a las filas patriotas, es decir se habla de la esclavitud como una institución fenecida. José Antonio Páez en los llanos toma medidas similares pero de mayor eficacia. Así la esclavitud desaparece legal y realmente en Apure. Sin embargo, esta tendencia se ve cortada por el Congreso de Angostura en el que, a pesar de la reiterada petición de Bolívar a fin de dar base legal a la eliminación de la esclavitud, se acuerda su abolición de derecho y se pospone a futuras medidas gubernamentales la progresiva extinción real de sus manifestaciones concretas. Es decir que en la práctica, se retrocede ante las medidas tomadas por Bolívar y Páez en el curso de la guerra.

El Congreso de Cúcuta en 1821 da contenido concreto a lo expresado en Angostura y es así como se emite la ley de 19 de julio sobre la libertad de los partos, manumisión y abolición del tráfico de esclavos. Esta legislación va a sintetizar el resultado del proceso de la independencia sobre la institución de la esclavitud; ésta debe desaparecer pero en base a una «extinción gradual». El Congreso aprueba la ley cuyo explícito espíritu es que sin comprometer la tranquilidad pública, ni vulnerar los «derechos» que tengan los propietarios, se consiga el que dentro de un corto número de años sean libres todos los habitantes de Colombia. Las medidas concretas introducidas en esta ley se pueden resumir en las siguientes ideas: 1) se ratifica la prohibición de introducción de esclavos desde el exterior; 2) se declara la libertad de los hijos de esclavos que nazcan a partir de la fecha de la emisión de la ley; 3) los dueños de las esclavas tendrán la responsabilidad de «educar, vestir y alimentar» a los manumisos (nacidos libres) quienes, y en compensación, trabajarán para los amos de sus madres hasta la edad de 18 años; 4) se establece un fondo para la liberación progresiva de quienes siguen siendo esclavos por haber nacido en esa condición en fecha previa al decreto. Dicho fondo se constituiría con impuestos a las sucesiones (herencias); 5) se formarán juntas de manumisión en cada cabeza de cantón que a fines de cada año, de acuerdo con los fondos recolectados en el transcurso del mismo y tras pagar a sus dueños el valor correspondiente, liberaran a los esclavos seleccionados al respecto.

Durante el período de existencia de la Gran Colombia, no hubo cambios sustanciales a la ley de 1821. Lo más resaltante de la legislación de ese período es el decreto de Bolívar «Dando eficacia a la ley de Manumisión» con fecha 28 de junio de 1827. El Libertador, reconociendo la ineficacia de la aplicación de dicha ley, instrumenta a través del decreto una serie de medidas tendientes a mejorar las finanzas de las juntas de manumisión y en consecuencia de las posibilidades de liberar a los esclavos remanentes. Para tener una idea concreta de las limitadas consecuencias de la aplicación de la ley, basta conocer que entre 1821 y 1826 habían sido liberados 300 esclavos aplicando la ley de manumisión, es decir un promedio de 50 anuales. A la hora de hacer un balance de lo ocurrido con la esclavitud hasta 1830, año en que se desmembra la Gran Colombia, se deben subrayar las siguientes ideas: 1) la esclavitud quedó afectada en términos importantes por el proceso político, militar y social que desencadenó la independencia. Diversas fuentes colocan el número de esclavos en 1810 entre 60.000 y 80.000. Los cálculos también varían para 1830 pero lo hacen en cantidades que oscilan entre 19.000 y 42.000. Es decir que en el más moderado de los cálculos disminuyó en un tercio y en el más optimista, en más de un 60%. Es cierto que parte de esta disminución es explicable por la mortandad natural, desde 1821, de los esclavos más viejos tras la aprobación de la legislación acerca de la manumisión. Otro factor en la disminución es la muerte que, accidentalmente o por participar en acciones bélicas, se dio durante la Guerra de Independencia. Finalmente una reducidísima cantidad logra su libertad a partir de la aplicación de la legislación que permite obtener la misma pagando su valor a los amos con los fondos obtenidos aplicando la Ley de Manumisión. Las cifras de 1830, sin embargo, dicen contra toda evidencia que independientemente de estos factores mencionados, la esclavitud como institución quedó disminuida en términos cuantitativos; 2) la esclavitud remanente quedó condenada a una desaparición segura y cercana, aunque por vía de una lenta agonía: la eliminación legal de las posibilidades de importación de esclavos y la manumisión de los que nacieron a partir de 1821 hacía que la esclavitud debiera desaparecer indefectiblemente en cuanto los aún esclavos murieran paulatinamente y los que nacieran libres, pero sujetos a sus amos hasta la mayoría de edad, alcanzaran ésta para llegar a cobrar plenamente su libertad; 3) el balance del período 1810-1830 muestra una actitud variable en relación con la esclavitud por parte de los criollos en general y de los propietarios de esclavos en particular. En un comienzo, se la intenta mantener intacta (1810-1815). Después y particularmente por parte de los dirigentes militares más avezados y encumbrados (Bolívar y Páez), se le intenta eliminar lo más rápida y completamente posible (1816-1819). Finalmente los congresos de Angostura y Cúcuta y la legislación que los sigue hasta 1830, reconocen una salida a la situación en que se balancean las concesiones de libertad hechas al calor de las necesidades de la lucha con las exigencias de una oligarquía egoísta y recelosa que trata de mantener a toda costa una riqueza en forma de mano de obra. Es así como se desarrollan todo tipo de presiones que acaban no sólo por reconocer una eliminación gradual, una extinción paulatina, sino que a la par vacían de contenido, en la práctica, a los elementos más avanzados de dicha legislación a través de la complejidad burocrática en la aplicación de la misma y la siempre presente carencia de fondos significativos que permitieran la liberación o manumisión, en cantidades importantes, por vía de la compra a sus dueños. Una vez separada Venezuela de la Gran Colombia, se abre un período de casi 25 años (1830-1854) en los que la legislación sobre la esclavitud sufre escasos cambios, ninguno de los cuales es sustancial. El peso de los esclavistas venezolanos es mayor ahora en el Parlamento que en el período de la Gran Colombia, por la sencilla razón de que la esclavitud tenía mayor peso en el territorio venezolano que en el colombiano y el ecuatoriano. De modo pues que en el Congreso Constituyente de 1830 reunido en Valencia los cambios que se hacen a la legislación colombiana de 1830 son a favor de los amos y no de los esclavos. Estos cambios se concretan en la ley de 2 de octubre de 1830, reformando la de manumisión de 1821. Los aspectos de dicha ley que suponen un retroceso en relación con la situación anterior son los siguientes: 1) se precisa que quienes naciesen de esclavas a partir de la publicación de dicha ley deberían servir a sus amos hasta la edad de 21 años, en vez de 18 como ocurría en la ley de 1821; 2) dado que el servicio que el nacido debía prestar a su amo era el pago de los gastos de «educar, vestir y alimentar» durante el período en que los nacidos libres no podían valerse por sí mismos, era factible que hermanos mayores o ascendientes libres pudieran liberarlos de la autoridad de sus amos al hacerse cargo de los mencionados gastos. Sin embargo la ley de 1830 especifica que para que este proceso se diera, dichos hermanos o ascendientes libres deberían pagar la mitad de su valor en el mercado como esclavo. Al exigir suma tan acrecida se limitaba notablemente la liberación rápida del recién nacido a la par que se beneficiaba ostensiblemente a los amos en los pocos casos en que ésta pudiera ocurrir. Es importante señalar que era costumbre, desde los tiempos de la Colonia, que los esclavos se hicieran cargo de su propio sustento en base a la producción que el amo les dejaba organizar en pequeños conucos en sus tierras. De modo que, salvo los descendientes de esclavos encargados de servicios domésticos y oficios que no pudieran desarrollar esta alternativa, no era responsabilidad del amo, en absoluto, encargarse de «educar, vestir y alimentar» a los hijos manumisos de sus esclavas como no lo había sido el hacerlo cuando las leyes de manumisión eran inexistentes. La única obligación real para los propietarios era cederles el uso de pequeñas parcelas de tierra que con toda seguridad, no tendrían un mejor uso alternativo en el panorama del latifundio venezolano. De este modo, todo el servicio que los manumisos debían prestar a los amos de sus madres (ahora prolongando por 3 años en la nueva legislación) era un beneficio sin ningún costo para el amo; 3) se precisa que en la liberación de esclavos hecha con fondos recaudados en virtud de la ley se diera preferencia a los esclavos más ancianos y a los más honrados e industriosos. Esta precisión permitía a los amos liberar en primer lugar a los esclavos de edad avanzada y en consecuencia, de menor capacidad productiva y de escaso o virtualmente nulo valor en el mercado y conservar a la par a los más jóvenes. Al mismo tiempo, hacía factible usar el señuelo de la futura y posible libertad para tratar de garantizarse un comportamiento más ordenado y productivo pues los más ariscos, levantiscos o poco trabajadores tenían una explícita exclusión como sujetos de posible manumisión. Con posterioridad a la ley de 1830, se tomaron varias medidas que favorecían a los propietarios esclavistas y que evidencian el importante peso político que van a cobrar los propietarios de esclavos, a pesar de su reducido número, en los gobiernos de la oligarquía conservadora. Así en 1835, se decretó que los esclavos que abrazaran el servicio militar seguirían siendo esclavos; ello contravenía la legislación impulsada en 1821 en la que, al calor del proceso de la Guerra de Independencia, se pautaba lo contrario con el fin de nutrir las filas patriotas.

El 23 de mayo de 1836 se aprobó una ley que desmejoraba las condiciones legales de los castigos a los esclavos, retrocediendo inclusive más atrás de las últimas disposiciones de Carlos IV en su real cédula de 1789. El máximo de azotes permitido a un esclavo fue elevado de 29 a 100, y se incrementaron las facultades de los amos para aplicar justicia sobre sus esclavos. Asimismo fueron reiteradas las maniobras para tratar de restaurar la esclavitud en Apure y Guayana, zonas en que la abolición era legalmente incontrastable. A pesar de ello, los censos de esclavos demuestran la existencia de reducido número de esclavos en ambas regiones. A la vista de la legislación del período 1830-1854 no es exagerado catalogar al mismo como de reacción esclavista pues los amos y propietarios se valieron de sus privilegiadas posiciones políticas para interpretar y legislar un conjunto de medidas legales que, desde su inicio ya evidenciaban una inclinación a su favor. Sin embargo esa reacción no era capaz de revertir una tendencia a la desaparición de la esclavitud, lo más que podía lograr era que dicho proceso fuera lo más lento posible y rindiera un mayor beneficio económico a los esclavistas.

Independientemente de estas maniobras legislativas, siguen ahondándose los procesos que tendientes a la marginación de la esclavitud, ya habían comenzado a desarrollarse a fines del siglo XVIII. La mano de obra libre es cada vez más importante. Su uso es preferible a la mano de obra esclava en cultivos como el café, que está cobrando una importancia de primer plano. En este cultivo es escasa la mano de obra permanente requerida y con ello se ponen las condiciones para contratar temporalmente peones y no disponer de esclavos a los que, para ser aprovechados adecuadamente, es importante asignar tareas en forma continua. La solución ya no se busca en la introducción de esclavos desde el exterior, alternativa legalmente negada desde 1810, sino en las corrientes inmigrantes que se buscan en Europa aunque con más intención que éxito real.

Por otro lado, a medida que pasan los años los esclavos van disminuyendo de número por un mero proceso demográfico; van falleciendo los más ancianos sin que nazcan nuevos que aumenten filas. En contrapartida van aumentando los manumisos. Sólo en 1839 los manumisos nacidos en 1821 comienzan a cobrar su libertad plena y desde ese momento, el número total de manumisos tiende a equilibrarse lentamente, pues por un lado nacen nuevas personas en esa condición, pero por el otro van quedando libres en aplicación de la legislación colombiana. Según los censos de la época, entre 1831 y 1854 nacieron 40.000 manumisos y murieron 27.000 esclavos. De este modo la esclavitud se estaba agotando por vía natural; de manera que a comienzos de la década de 1850 los propietarios obtenían casi tanto beneficio de los manumisos en edad productiva y todavía no independizados de los amos de sus madres, que de una población esclava notablemente disminuida y en edad avanzada. En contrapartida a los procesos demográficos, el efecto de la legislación instaurada para la «extinción gradual de la esclavitud» era incomparablemente menor. Así entre 1830 y 1854, 934 esclavos quedaron libres por la utilización con esos fines de los impuestos de manumisión, mientras que 289 cobraron la libertad en testamentos para cancelar de ese modo los impuestos respectivos. En total 1.223 mientras que 27.000 sólo encontraron su libertad en la muerte. Estas cifras evidencian a todas luces que la política de reacción esclavista fue efectiva en términos de aprovechar al máximo al régimen esclavista y que las leyes de manumisión, tanto la de 1821 como la de 1830, perdieron toda posibilidad de eficacia en manos de gobiernos con escaso interés en financiar los fondos de manumisión y con un profundo deseo de prolongar al máximo la utilización productiva de esclavos y manumisos.

Vistas las cifras, no es difícil entender que en estas condiciones la esclavitud tenía un plazo de vida que no podía prolongarse por mucho tiempo. Sin embargo había factores que en estos años fueron creando condiciones para una eliminación definitiva de la institución esclavista sin esperar su natural muerte. Estando la esclavitud condenada, los amos veían con más tolerancia la conveniencia de ser pagados por el valor monetario de sus esclavos para dar un uso más productivo al mismo. A partir de los 39 años y de acuerdo con las tablas de valores de la época, los esclavos se depreciaban año a año de modo que para el poseedor de esclavos que funcionara con inteligentes criterios económicos, era más conveniente salir de una «mercancía» que se estaba devaluando y poseer su equivalente en metálico para darle un rentable uso; en consecuencia veía con simpatía los esfuerzos tendientes a acelerar la manumisión tras haber hecho los pagos correspondientes.

Al propio tiempo, los esclavos y manumisos restantes, dado el mantenimiento que sufrían en su condición, eran fuente de una agitación permanente que sin dar lugar a grandes procesos de insurrección, suponía también costos económicos y políticos. En 1822 se da un levantamiento de los negros de Curiepe; en 1824 se habla de una asonada de esclavos en Petare; en 1831 se sigue una causa a los de la hacienda Urbina y los de Tocoraguita; en 1832 se descubre la conspiración de negros en Carayaca; en 1835 son perseguidos en Caucagua los fugados convertidos en asaltantes; en 1845 se dan alzamientos de prófugos en Ocumare. Los esclavos y manumisos conformaban un porcentaje reducido de la población, pero junto con la población negra, que veía con simpatía su posible liberación, oscilaba alrededor del 10%, lo cual en el juego político y social que no electoral de la época, era un factor de apoyo no desdeñable. Las voces que pedían el mantenimiento indefinido de la esclavitud eran minoritarias y toda la discusión giraba alrededor de la velocidad y los mecanismos para lograr su liberación.

El acceso al poder de los hermanos José Tadeo y José Gregorio Monagas, si bien con matiz liberal discutible en muchos sentidos, dejaba de lado a las concepciones más conservadoras y reaccionarias. La unión de todos estos factores hacía que en la década de 1850 hubiera un ambiente cada vez más favorable para la abolición. Así a partir de 1848 se empiezan a hacer observaciones críticas tanto a la ley de 1830 como a los procedimientos concretos de manumisión, como se puede ver con claridad en las Observaciones críticas a las leyes sobre manumisión de 1821 y 1830 formuladas por el secretario de Interior y Justicia al Congreso de 1849. El año siguiente el propio secretario solicita un aumento de los fondos dedicados a la manumisión. El 15 de diciembre de 1850 la diputación provincial de Maracaibo establece un impuesto subsidiario en favor de la libertad de esclavos. En 1851, 1852 y 1853 se repiten las observaciones y solicitudes del secretario de Interior y Justicia exigiendo cada vez medidas más explícitas para acelerar la liberación progresiva de los esclavos tal cual estaba contemplado en la ley de 1830. El 29 de noviembre de 1851 la diputación provincial de Barquisimeto destina 10.000 pesos para la libertad de los esclavos. El 10 de diciembre de 1852 se emite un acuerdo de la diputación provincial de Caracas para que el Congreso sancione una ley sobre la abolición de la esclavitud. En el presupuesto aprobado para 1853, se distribuyen entre las diferentes provincias venezolanas 50.000 pesos para auxiliar los fondos de manumisión. Las medidas orientadas a solicitar y dotar de mayores fondos a las juntas de manumisión en ocasiones no se hacían efectivas por las deplorables condiciones fiscales del momento, pero iban creando condiciones para un cambio cualitativo en la actitud de los cuerpos políticos en relación con el problema. Es en este ambiente que en 1854 y bajo la presión del Ejecutivo comandado por José Gregorio Monagas, se realizaron en el Congreso una serie de rápidas discusiones que concluyeron en la Ley de Abolición promulgada el 24 de marzo de 1854 y reglamentada el 30 del mismo mes. Mediante dicha ley, la esclavitud quedaba abolida y se estipulaban las medidas fiscales que iban a dar origen a los ingresos con los cuales se iba a indemnizar a los amos de los esclavos y a los acreedores de los servicios faltantes de los manumisos. Posteriormente, en 1855 y 1856 se introducen modificaciones varias en el articulado de la ley. Conforme a dichas disposiciones, y según los registros correspondientes, quedaron libres 12.093 esclavos y 11.285 manumisos que fueron valuados en su conjunto en 4.432.991 pesos. La edad promedio de los esclavos liberados fue de 46 años y la de los manumisos 13. A fin de obtener los ingresos necesarios para los pagos, se decretaron una serie de impuestos adicionales a los ya existentes de acuerdo con la ley de manumisión de 1830. Estos arbitrios fueron: el 10% de los que las rentas provinciales aportan al tesoro público; un impuesto especial de 5 pesos por galón de aguardiente; impuesto sobre derechos políticos; contribución de empleados públicos; derechos de registro; derechos testamentarios. En 1856 se les añadió lo proveniente por impuestos especiales a loterías, sal, licencias por licores y tabaco. Se acordó emitir billetes para pagar a los propietarios que hubieran cumplido con las correspondientes exigencias de registro. Paulatinamente, lo que parecía un procedimiento relativamente sencillo que permitiría enterrar y olvidar definitivamente el problema, se fue complicando. Por un lado los propietarios de esclavos o beneficiarios de los servicios de los manumisos debían proceder a demostrar mediante los correspondientes documentos, sus derechos y éstos debían ser valorizados a fin de convertirse en acreencias de la deuda de abolición. Por limitaciones tanto de la administración como deficiencias en los documentos probatorios de los propietarios, este proceso se extendió por años. En la Memoria de Interior y Justicia de 1860, se precisa que hay todavía 2.831 expedientes de reclamaciones pendientes por virtud de la aplicación de ley de 1854 con esclavos y manumisos cuyo valor se estima en 998.426 pesos. De modo pues que hubo retardos importantes a la hora de precisar y reconocer legalmente lo que los propietarios debían cobrar. Sin embargo, los problemas más graves venían en el sentido de cómo cobrar esas deudas una vez que fueran reconocidas por el Estado como parte de las deudas de la abolición. El procedimiento pautado en la ley era la emisión de billetes que se entregarían a los propietarios de esclavos, una vez reconocidos y valuados los mismos. En posesión de estos billetes, los propietarios podían esperar su redención a cargo de los ingresos que el Estado lograra por los impuestos pautados a tal efecto. En la demora de dicho canje, los billetes cobrarían intereses del 3% anual. Dadas las limitaciones de los fondos obtenidos con la aplicación de la ley en octubre de 1858 se acuerda complementar con cargo al presupuesto lo necesario para el pago de la deuda de abolición. Al propio tiempo y por las protestas ante los impuestos que dicha ley creaba se empieza a eliminar buena parte de los mismos a partir de ese mismo año.

Paralelamente, el deterioro de la situación política (caída de José Tadeo Monagas, enfrentamiento entre liberales y conservadores, desencadenamiento de la Guerra Federal) iban creando una desorganización creciente en la actividad fiscal y en consecuencia, el pago de la deuda de abolición se hacía cada vez más inseguro. Es así que en 1860 estalla un conflicto en Guatire en el que un grupo de libertos forma desórdenes aduciendo que los antiguos amos, ante la falta de pago de la deuda correspondiente a su libertad, estaban promoviendo la restauración de la esclavitud. Es un ejemplo patético de la situación que se vivía en esos momentos. Finalmente, en 1865 se incorpora definitivamente la deuda de la abolición a la deuda nacional consolidada, cobrando un carácter común con las restantes manifestaciones de la deuda pública y sin contar con ingresos específicos asignados a su pago. Va a ser pues tras la tormenta social de la Guerra Federal, que el proceso de la abolición encuentra su culminación. Una vez libres, los ex esclavos pasaron, en la inmensa mayoría de los casos, a desempeñar actividades de trabajo agropecuario como peones. No hemos de olvidar las condiciones en que dichos trabajadores se desenvolvían. Libres legalmente, pero sujetos a estrictos contratos con hacendados y ganaderos. Controlados por libretas o pasaportes que limitaban sus movimientos al cumplimiento de las obligaciones aceptadas en los contratos a través de los cuales entraban a cumplir su servicio. Endeudados con frecuencia ante los patronos que les adelantaban dinero, o con más frecuencia mercancías, en base a un exiguo salario, que les limitaba el pago de las deudas contrarias y en consecuencia los ataban por largos períodos a sus patronos. Ya libres los antiguos esclavos van a subir un humilde peldaño en la escala social para asumir ahora los problemas de la mayoría desheredada de Venezuela. J.M.A.

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