López Contreras, Eleazar, gobierno de | Historia de Venezuela

Diccionario de Historia
de Venezuela

Diccionario de Historia de Venezuela

    1. Contexto histórico
    2. Contexto social
    3. Sucesos de febrero de 1936
    4. "Programa de Febrero"
    5. Sindicatos y huelga petrolera
    6. Política social
    7. Política económica
    8. Expulsión de comunistas
    9. Reforma electoral y elecciones 1937
    10. El Plan Trienal
    11. Obras públicas y educación
    12. Sucesión presidencial
    13. Síntesis de su gestión

18.12.1935 - 19.4.1941

Los primeros pasos: A la muerte del general Juan Vicente Gómez, el 17 de diciembre de 1935, el general Eleazar López Contreras, ministro de Guerra y Marina, sale triunfante de la vasta conspiración que se viene desarrollando desde principios de 1935 y que tiene como meta el logro del poder el 19 de abril de 1936, fecha en que debía iniciarse un nuevo período presidencial. Todos preveían la muerte próxima de Gómez, quien se encontraba viejo y enfermo. A sus espaldas, sus colaboradores se dividen en partidarios de López Contreras y partidarios de Eustoquio Gómez. López Contreras rechaza ser reconocido como jefe en forma caudillesca, ordena la prisión de Eloy Tarazona, quien dirigía la conspiración a favor de Eustoquio Gómez y opta por respetar el ordenamiento constitucional. Una vez muerto Gómez (17.12.1935), se reúne el gabinete y de acuerdo con el precepto constitucional, procede a elegir de entre los ministros al presidente encargado que lo sustituiría hasta el 19 de abril de 1936, fecha en que debía concluir el período gomecista. El 18 de diciembre de 1935, el general López Contreras resulta electo y es ratificado por el Congreso en reunión extraordinaria, el 31 de diciembre, siguiendo el criterio unánime que auspiciaba la continuidad del orden legal. El 20 de diciembre, da la orden para que sean puestos en libertad todos los presos políticos y los detenidos en las carreteras y dispone el regreso de los desterrados. En esos días, Eustoquio Gómez fue muerto por un disparo en las oficinas del gobernador del Distrito Federal, general Félix Galavís. La desaparición de Eustoquio Gómez y la salida al exterior de miembros de la familia Gómez representa un alivio a la lucha que se entabla entre una fracción del gomecismo que aspira a controlar el poder y continuar con los mismos procedimientos del pasado y aquella que quiere dar un cambio a tal política.
El Congreso Nacional, instalado el 19 de abril de 1936, eligió el día 25 a López Contreras presidente de la República para el período constitucional de 1936 a 1943, a la edad de 53 años. El inicio de su gobierno se desarrolla en un contexto social y político complejo, en el cual se enfrentan: representantes del gomecismo divididos en corrientes que reclaman una vuelta al pasado y corrientes renovadoras, nuevos grupos urbanos resultantes de los cambios sociales ocurridos a raíz del impacto petrolero, los líderes políticos de los sucesos de 1928 con sus demandas de participación política y democracia, e intereses y presiones externas provenientes del reordenamiento político, ideológico y económico internacional, a consecuencia de la Primera Guerra Mundial y de la Gran Depresión de los años 30. Entre 1930 y 1935, se ha operado en Venezuela un conjunto de cambios sociales, los cuales han provocado un proceso de movilización social con el consiguiente aumento de las expectativas de participación política sofocadas en la época de Gómez mediante la represión. Los dirigentes de 1928, bien sea en el destierro o en la cárcel, se habían afiliado a las corrientes marxistas o socialistas y se encontraban bajo el influjo de la Revolución Rusa de 1917, la Revolución Mexicana o los acontecimientos de Córdoba, en Argentina. Armados de estas ideas, intentan responder a las exigencias del mundo político moderno y comienzan a formar los primeros núcleos que luego han de originar los partidos políticos actuales, abriéndose un clima de discusión pública que se focaliza en torno al diagnóstico de los problemas de la Venezuela del momento y de la nueva organización política y social que en consecuencia se requería. Se fundan diarios, semanarios y revistas. La Federación de Estudiantes de Venezuela (FEV) se convierte en gran foco de la actividad política nacional y se enfrentan las principales ideas y demandas políticas provenientes de los diversos núcleos. Estos son: la Unión Nacional Republicana (UNR), oposicionista al régimen de Gómez; el Partido Republicano Progresista (PRP), de tendencia marxista; el Movimiento de Organización Venezolana (ORVE), liderado por Rómulo Betancourt, que pretende unir los sectores antidictatoriales en un solo frente que propone soluciones democráticas. Este grupo, junto con la FEV y el PRP, formarán en 1937 el Partido Democrático Nacional (PDN), el cual no consigue su legalización. También figura la Unión Nacional de Estudiantes (UNE), surgida en 1936, como reacción a la corriente marxista de la FEV, con un grupo de estudiantes católicos, quienes, en 1946, fundarán el partido COPEI. La discusión, durante los primeros meses de 1936, gira en torno al mantenimiento de un programa democrático y al no causar una ruptura del «hilo constitucional». El acuerdo entre ORVE y el PRP, por iniciativa de este último, en torno a estos puntos, lleva a estas organizaciones a unirse en el llamado «Bloque de Abril» que representó el consenso de los principales grupos políticos en torno al mantenimiento del Congreso, con López Contreras como presidente provisional, hasta la convocatoria, al año siguiente, de una Asamblea Constituyente, con miras a elecciones. Estos grupos coinciden en la necesidad expresada de promover un régimen democrático y de liquidar al gomecismo; pero se diferencian en relación con la naturaleza de las acciones requeridas para sus logros, siendo el PRP más radical en sus pronunciamientos, al promover un clima revolucionario y motivar huelgas obreras; ORVE, en cambio, fija una posición más pacifista y reformista. López Contreras se ve obligado a moverse entre una oposición creciente que reclama medidas revolucionarias y participación política y un vasto sector del gobierno y del ejército donde aún figuran personas del viejo elenco gomecista, quienes miran con temor la pérdida del control autoritario del poder y de sus privilegios; estos últimos exigen medidas enérgicas como la suspensión de las garantías, la disolución de las nuevas organizaciones políticas y la censura de prensa.
Desde los primeros días del gobierno de López Contreras, se suscitó una situación de desórdenes violentos. Se produjeron manifestaciones sangrientas en diversos lugares del país, se produjeron manifestaciones espontáneas de protesta y saqueos en contra de propiedades gomecistas en Valencia y en Caracas, e incluso se registraron acciones campesinas en contra de las fincas. López Contreras, en una alocución a la nación, recomienda «calma y cordura» y toma medidas policiales en contra de tales manifestaciones; pero éstas continúan, hasta el 5 de enero de 1936, cuando López Contreras, considerando que tales sucesos constituyen una amenaza contra el orden social, decreta la suspensión de las garantías constitucionales. Junto a esta medida, el ministro de Guerra y Marina y el gobernador Galavís dictan otras tales como: el llamamiento a filas de los oficiales de reserva, el 5 de enero; la prohibición, el 6 de enero, de la propaganda de carácter comunista, de los grupos de más de 3 personas, de las conferencias y discursos en plazas, teatros, etc., de las manifestaciones, asociaciones y huelgas; el control sobre publicaciones de prensa y programas de radiodifusión el 12 de febrero; quedando toda información sujeta a la censura. En respuesta a las resoluciones oficiales, la Federación de Estudiantes de Venezuela acuerda dirigir una carta al presidente, pidiendo la derogatoria del decreto de suspensión de garantías y la eliminación de la censura de prensa y radio, la destitución de los elementos del gomecismo que aún permanecían en altos cargos, la entrega a los tribunales de los culpables de actos delictuosos en el ejercicio de cargos públicos del régimen anterior y la libertad de los ciudadanos presos por motivos políticos o su sometimiento a juicio.

Febrero de 1936: El 14 de febrero de 1936, se produce una manifestación en la plaza Bolívar de Caracas, que protesta las medidas, consideradas como intentos de regreso al régimen dictatorial. El gobernador Galavís ordena disparar contra la multitud con el saldo de varios muertos y numerosos heridos, todo lo cual redobló la violencia de las masas. En el relato que de estos hechos hace el propio López Contreras en su obra Páginas para la historia militar de Venezuela, reconoce la noble intención de muchos de los participantes y culpa a un grupo de radicales exaltados, en probable combinación con viejos caudillos políticos y militares, de actos que califica como delictivos contra la sociedad, iniciando atentados personales, saqueos e incendios de viviendas y empresas. La manifestación encabezada por Francisco Antonio Rísquez, rector de la Universidad Central de Venezuela, ha sido descrita por La Esfera del 16 de febrero, como la «…manifestación cívica más importante jamás efectuada en nuestro país…» Esta se detuvo frente a la residencia presidencial, mientras una comisión elegida de su seno, se entrevistaba con López Contreras, el cual accedió a revocar en 15 días el decreto de suspensión de garantías constitucionales y someter a la acción de los tribunales a los funcionarios culpables de los excesos cometidos en esa oportunidad. El gobernador Galavís es enjuiciado ante los tribunales penales, a los cuales se presenta voluntariamente y es sustituido por Elbano Mibelli. Poco después, sin embargo, es absuelto en vista de testimonios por los cuales se demostró que estaba en Miraflores en el momento en que ocurrieron los acontecimiento de violencia. También son excluidos los más connotados gomecistas de sus cargos en las presidencias de estados.

El Programa de Febrero: El 21 de febrero, López Contreras restablece las garantías constitucionales, nombra un nuevo Gabinete que excluye aquellos ministros francamente gomecistas y expone a la nación las líneas generales del programa político y administrativo que, considera, responderá a las necesidades actuales del país, conocido como el «Programa de Febrero». En este plan, López Contreras propone un conjunto coherente de reformas; con él se pretende hacer efectivo un régimen de legalidad y la reforma de los municipios, la supresión de los monopolios, la reforma de la Ley del Trabajo y creación de una Oficina Nacional del Trabajo, para lo cual crea la Comisión Nacional Codificadora y Revisora de Leyes, integrada por destacados juristas, dirigida por Cristóbal L. Mendoza y Carlos Acedo Toro, con el fin de revisar la legislación vigente para la época a fin de adecuarla a las necesidades de los planes de desarrollo económico-social que aspiraba realizar, en especial las transformaciones necesarias para hacer efectivos los cambios enunciados en su programa político administrativo de febrero de ese mismo año. Se impone la adopción de un vasto plan de higiene pública y de asistencia social que responda al problema de despoblación y de enfermedades que reducen la capacidad de trabajo. Ello se completaría con un plan de inmigración y colonización. Se intenta la extensión de los sistemas de comunicación con el fin de acelerar el desarrollo económico. El «Programa de Febrero» considera fundamental la organización de la educación y la lucha contra el analfabetismo, atendiendo en primer lugar a la formación de los maestros y los profesores. Juzga que las actividades agrícolas y ganaderas serán preponderantes en la economía del país durante mucho tiempo y que se amerita la reorganización del Ministerio de Agricultura. Considera la política fiscal como la llamada a suministrar los medios y por lo tanto urge su revisión, así como la reforma del sistema tributario, el establecimiento de un Banco Central de emisión y la adopción de un plan de política comercial que abandone las fórmulas del Liberalismo económico y permita la celebración de tratados bilaterales y multilaterales en conformidad. El 2 de marzo es reformado el gabinete, incorporándose Alberto Adriani en Agricultura, Francisco H. Rivero en Comunicaciones, Isaías Medina Angarita en Guerra y Marina, Alejandro Lara en Hacienda y Caracciolo Parra Pérez en Instrucción Pública, quien sale poco después a consecuencia de la pugna que origina un proyecto de Ley de Educación que introduce al Congreso. A partir de junio de 1936, se inicia una corriente de descontento en un vasto sector de la opinión pública, expresada también por la prensa, con motivo de la discusión en el Congreso de la Ley de Orden Público (substitutiva de la criticada Ley de Defensa Social), introducida por el ministro de Relaciones Interiores, Alejandro Lara y conocida como la "Ley Lara". A consecuencia de esto, estalla entre el 8 y 9 de junio de 1936, una huelga general en La Guaira y Caracas, seguida de una manifestación pacífica en esta última ciudad, encabezada por la Federación de Estudiantes de Venezuela y seguida por las principales agrupaciones políticas, con el propósito, no sólo de manifestar contra dicha ley, sino también para urgir la disolución del Congreso, lograr una reorganización más democrática del gobierno y la devolución a la nación de las propiedades de Juan Vicente Gómez. Las fuerzas gubernamentales estuvieron en todo momento preparadas para controlar los excesos, evadiendo situaciones de sangre; pero, al mismo tiempo, se observaron síntomas de una actitud más fuerte y menos tolerante por parte del gobierno que se manifestó con el arresto de varios de los líderes, con la aprobación de la «Ley Lara», apenas terminada la huelga y que se reforzará en 1937, a propósito de la huelga petrolera, cuando López Contreras asume una definida y perentoria postura contra el movimiento obrero radical y los líderes políticos que lo sustentaban.

Sindicatos y huelga petrolera: El 1 de diciembre de 1936, las robustecidas organizaciones sindicales introducen pliegos de peticiones, a través de las Inspectorías del Trabajo. Las peticiones incluían entre sus demandas: aumentos de salarios, reconocimiento por parte de las empresas de los sindicatos, reincorporación al trabajo de los obreros despedidos a causa de la última huelga, jornada de 8 horas tal como lo establecía la ley, mejoras en la seguridad industrial, mejoras de viviendas, etc. No habiendo acuerdo, se da comienzo a una huelga petrolera general que contó con un vasto apoyo por parte de la colectividad venezolana, la cual consideró justificadas las peticiones obreras a las compañías petroleras. La dirección del conflicto estuvo en manos de militantes del clandestino Partido Comunista Venezolano (PCV) y de dirigentes del Bloque Nacional Democrático (BND), creándose un Comité Dirigente de la Huelga, constituido por Isidro Valles, Dilio María, Juan Bautista Fuenmayor, José Antonio Mayobre y Felipe Hernández. El gobierno respetó el derecho que los huelguistas ejercían y el ministro del Interior, Régulo L. Olivares, les dirigió un mensaje de salutación el 31 de diciembre. La huelga duró 37 días y terminó el 24 de enero de 1937, como resultado de la intervención del Estado a través de una orden ejecutiva emitida por el presidente el 22 de enero. En ella, López Contreras, considerando que la prolongación indefinida del conflicto causaba grave daño a la vida económica y social de la nación y en conformidad con las observaciones hechas en el informe de Carlos Ramírez MacGregor, inspector del trabajo del Zulia, en su carácter de presidente de las Juntas de Conciliación, garantiza un aumento de Bs. 1 diario para los obreros que devengan Bs. 7, 8 y 9, además de Bs. 1 adicional para aquellos que no ocupen viviendas suministradas por las compañías. El Inspector Nacional del Trabajo, en telegrama público, consideró que éstas y otras recomendaciones hechas debían ser observadas porque estaban previstas en la Ley de Trabajo, pero eran evadidas total o parcialmente por las compañías. Uno de los puntos claves de la confrontación, cual era la demanda por parte de los obreros sindicalistas de que se reconociese al sindicato como el ente con el cual debía tratar directamente la empresa lo relativo a enganche y desenganche de trabajadores, se decide a favor de las compañías petroleras y, en términos generales, fueron los obreros los principales perdedores en el conflicto, a pesar de los esfuerzos realizados por los órganos de prensa afines con el movimiento huelguista El País y El Petróleo, en convencerlos de lo contrario. El gobierno había dictado días antes del fin de la huelga, un decreto, el 19 de enero de 1937, ordenando la construcción de una ciudad nueva que llevaría por nombre Ciudad Ojeda, para reemplazar a la de Lagunillas, higiénicamente inadecuada y expuesta a riesgo de frecuentes incendios debido al tipo de material de construcción de las viviendas. La reacción de las compañías petroleras ante la creación de Ciudad Ojeda fue positiva, pues el plan era considerado como una ayuda a la solución de la huelga aún no concluida. El desarrollo de la industria petrolera y de actividades urbanas dieron lugar, a comienzos de los años 1930, al surgimiento de núcleos obreros que aun cuando formaban un porcentaje bajo de la población económicamente activa, sin embargo, al estar concentrados y sometidos a la influencia del nuevo liderazgo político, contribuyeron a fortalecer y ampliar la organización sindical y comenzaron a representar focos de conflicto político. El gobierno de López Contreras, a la vez que prohíbe las doctrinas comunistas manteniendo en la reforma constitucional el inciso sexto que las proscribe, ofrece sin embargo un marco legal que presenta el mejoramiento de las condiciones de vida, normando las condiciones de trabajo y su seguridad y enrumbando al país hacia un desarrollo económico con la menor incidencia de conflicto posible. Con este objetivo, es organizada una Oficina del Trabajo y promulgada, el 16 de julio de 1936, una nueva Ley del Trabajo. Aun cuando el propósito por el cual se promulga la ley es el de encauzar y enrumbar el movimiento obrero, por primera vez en Venezuela, se reconoce el derecho de asociación colectiva y de huelga. (El 30 de noviembre de 1938, se sanciona un decreto que reglamenta dicha ley). Desde fines de 1936, el doctor Santos Aníbal Domínici, ministro de Sanidad y Asistencia Social, comienza a gestionar la instalación de un sistema de seguridad social similar al establecido en Estados Unidos y para ello, solicita al gobierno de ese país datos sobre su funcionamiento. Para 1940, el proyecto de Ley del Seguro Social ya se discute en el Congreso.

Política social: En materia social, se produce un conjunto de leyes conducentes a la creación de organismos de protección y asistencia. En primer lugar, se crea el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, antes de Salubridad, Agricultura y Cría, mediante decreto del 25 de febrero de 1936. Se expone como motivo la importancia de la higiene pública. Muchas de las innovaciones que el Ministerio introduce se deben a Arnoldo Gabaldón, quien trae recomendaciones de la Conferencia de Directores de Salud Pública de Washington en 1936. De allí surge la recomendación de contratar expertos extranjeros técnicos en salud pública, la creación de la División de Higiene Rural, el establecimiento del Instituto Nacional de Puericultura, la División de Malariología, etc. Se hicieron cruzadas contra las principales enfermedades, respaldadas por el presidente a través de todo el país y se le dio a tales acciones una organización permanente cuyo presupuesto se aumentó. También fue creado el Ministerio de Agricultura y Cría aparte del de Salubridad, debido a la importancia que la política lopecista intentaba atribuirle al desarrollo agrícola. Por decreto ejecutivo del 6 de agosto de 1936, se establece el Consejo Venezolano del Niño y el Estatuto de Menores, para coordinar el trabajo público y privado de organizaciones dedicadas al bienestar de la madre y el niño y estudiar los problemas sociales y médicos de la infancia. En esta gestión rinden labor destacada su primer presidente y fundador, Gustavo H. Machado, además de Rafael Vegas y Pastor Oropeza. Un logro de la organización del servicio de salud pública fue la resolución del 13 de mayo de 1936, en la que se establecía un sistema de exámenes de oposición para el empleo de su personal.

Política económica: En materia de política económica, López Contreras anuncia la necesidad de dar un nuevo rumbo a la política comercial, superando las fórmulas liberales seguidas hasta entonces y defendiendo una política proteccionista para la producción nacional, adaptada a las nuevas tendencias y condiciones del comercio internacional prevalentes después de la guerra en la mayor parte de los países. Movida por esta intención, la Cancillería se dispone a operar con instrumentos tales como los tratados comerciales y los sistemas de cuotas para el logro de tales objetivos y el Ministerio de Hacienda introduce al Congreso un proyecto de ley de arancel de aduanas, preparado por el ministro Alberto Adriani, el cual es aprobado el día 13 de octubre de 1936. En su exposición de motivos, se pone de manifiesto la intención de intervenir en las actividades confiadas al libre juego de los intereses particulares, armonizando los aspectos fiscales con los intereses económicos y sociales. Para ello, se propone la reducción de ciertos aforos para dar impulso a las industrias agrícolas y pecuarias que soportan en su mayor parte la tributación aduanera favoreciendo así el instrumental económico necesario para el desarrollo del país. Esta ley afectó el comercio de productos norteamericanos, en especial aquellos relativos a la industria automotriz y alertó a los funcionarios encargados del comercio exterior estadounidense sobre la necesidad de salvaguardar la exportación de productos de ese país y la necesidad de iniciar la negociación de un Tratado Comercial que controle este tipo de iniciativas. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores venezolano Esteban Gil Borges toma la iniciativa, en diciembre de 1936, al comenzar conversaciones para la firma de un Tratado Comercial con Estados Unidos, después de un primer acercamiento desde enero de 1936 en tal sentido. Lo que lleva a Gil Borges a adelantar estas gestiones son los proyectos sobre legislación petrolera, pendientes en el Congreso de Estados Unidos, conocidos como el «Disney Bill», que, estimaba, afectarían al comercio del petróleo venezolano al imponer impuestos a los hidrocarburos. A medida que avanzan las conversaciones, Venezuela va perdiendo interés en la firma del tratado, y cae en la cuenta de que la firma del mismo en los términos en que lo plantean Estados Unidos, sobre la base de la cláusula incondicional de la nación más favorecida, sólo beneficiaría a las compañías petroleras y no al país, mediatizaría las posibilidades de diversificación económica y exportación y afectaría al erario nacional debido a las rebajas en las tarifas aduaneras promovidas desde Norteamérica a través de la nueva política comercial establecida por el presidente Franklin Delano Roosevelt con el Trade Agreement Act. Éste representa un instrumento en manos del presidente, que lo habilita para eliminar y modificar las barreras internas al comercio exterior, a la par que influye en la eliminación de las mismas en el contexto del comercio internacional, mediante la firma de tratados comerciales sobre la base de la cláusula incondicional de la nación favorecida. Esta política constituye una nueva fórmula liberal, contradictoria con la política proteccionista y nacionalista que intenta desarrollar el gobierno de López Contreras, de la cual la Ley de Arancel de Aduanas es la primera expresión. La negociación del Tratado Comercial con Estados Unidos se da en este marco de comercio internacional y constituye un proceso de complicadas negociaciones que concluyen con la firma del tratado en noviembre de 1939. Venezuela, convencida de los escasos beneficios que recibiría de las concesiones petroleras y de que los términos del tratado eran claramente desfavorables para el país; pero temiendo aislarse del proceso de concertación global de tratados comerciales que se firmaban en ese momento en el resto de países latinoamericanos con Estados Unidos y temerosa de granjearse posibles discriminaciones y represalias por parte del gobierno norteamericano, principal suplidor comercial y cliente, y consciente también del deterioro de la situación política y económica europea, resolvió sugerir la conveniencia de establecer un modus vivendi con una duración de un año que fuera idéntico al tratado propuesto y que sería sustituido automáticamente por éste al ser aprobado por el Congreso. Al frente de la Comisión Negociadora venezolana del Tratado se encontraban Arturo Uslar Pietri y Ramón Eduardo Tello Berrizbeitia.

Las medidas políticas de 1937: El año de 1937 marca el momento en que el gobierno dicta medidas restrictivas a la oposición política y en el que ésta, a su vez, radicaliza su lucha. A raíz de la huelga petrolera y de la solución que el gobierno de López Contreras le diera, se intensifica la oposición política de los grupos más radicales y se da origen, a partir del 2 de febrero de 1937, a numerosas huelgas de diversos sindicatos, tales como los de los ganaderos, artes gráficas, textiles, telares, panaderos, choferes y colectores de autobuses, manteniéndose una situación tensa de conflictos sociales y de disturbios estudiantiles. Al mismo tiempo, se crean nuevos servicios policiales, tales como el Servicio Nacional de Seguridad, en agosto de 1937. El gobierno procede también a efectuar arrestos de los nuevos líderes políticos, a revocar, el 4 de febrero de 1937, la autorización mediante la cual actuaban los partidos ORVE, PRP y otras organizaciones como la FEV, el Frente Obrero y Frente Nacional de Trabajadores y a intervenir la Universidad Central con un saldo de un estudiante muerto y varios heridos. La crisis provoca un cambio de gabinete, designándose otro con mayores vínculos andinos y mejores contactos con las compañías petroleras. A este gabinete correspondió decretar, con fecha 13 de marzo de 1937, la expulsión del territorio de 48 dirigentes políticos acusados de comunistas. Entre ellos se contaban: Miguel Acosta Saignes, Miguel Acosta Silva, José Hermenegildo Briceño, Rómulo Betancourt, Gonzalo Barrios, Gabriel Bracho Montiel, Manuel Antonio Corao, Alfredo Conde Jahn, Salvador de la Plaza, Francisco José (Kotepa) Delgado, Carlos D'Ascoli, Juan Bautista Fuenmayor, Raúl Leoni, Gustavo Machado, Guillermo Mujica, José Antonio Mayobre, Augusto Malavé Villalba, Miguel Otero Silva, Alejandro Oropeza Castillo, Inocente Palacios, Rodolfo Quintero, Ramón Quijada, Valmore Rodríguez, Jóvito Villalba e Isidro Valles. Unos eran de conocida militancia marxista y otros no. Rómulo Betancourt, por su parte, logró permanecer clandestinamente en el país. Con estas medidas, el movimiento político de oposición quedaba francamente debilitado. De acuerdo con lo dispuesto por la Constitución de 1936, se decretó la Ley de Censo Electoral y Elecciones (12.9.1936), la cual habría de regir las elecciones de senadores y diputados al Congreso Nacional, de los diputados a las asambleas legislativas de los estados y de los miembros de los concejos municipales en todo el territorio nacional con el objeto de renovar la mitad, tal como lo establecía la Constitución, de las cámaras legislativas (senadores y diputados), cada 2 años. El voto era directo para los varones mayores de 21 años que supieran leer y escribir, únicamente para elegir los concejos municipales y asambleas legislativas de los estados. La elección de los senadores sería hecha por la Asamblea Legislativa de cada estado y la de los diputados por la Asamblea de todos los concejos municipales de los estados. La elección del presidente de la República continuaba, al igual que antes, en manos del Congreso Nacional. La Ley de Censo Electoral y Elecciones constituye, sin embargo, el primer paso para poner a andar la maquinaria democrática después de más de 30 años de haberse perdido todo sentido y posibilidades de funcionamiento. El 28 de enero de 1937, se efectúan las elecciones de segundo grado para la renovación parcial de la Cámara de Diputados. El Concejo Municipal de Caracas renovó la mitad del número de Diputados asistentes al Congreso por el Distrito Federal y entre ellos, resultaron electos como principales: Rómulo Gallegos, Martín Pérez Guevara y Oscar Augusto Machado. También se efectuaron elecciones para constituir los concejos municipales y asambleas legislativas. Para estos cuerpos, resultaron electos destacados líderes activos de la oposición; pero la Corte Suprema de Justicia anuló su elección, alegando que eran de filiación comunista. Entre ellos se encontraban: Raúl Leoni, Juan Oropeza, Héctor Guillermo Villalobos y Jóvito Villalba. El 18 de agosto de 1937, fue reducido a prisión Luis Beltrán Prieto Figueroa, quien era senador y presidente del Concejo Municipal del Distrito Federal; lo cual se hizo en virtud del auto de detención dictado en marzo retropróximo, pero había quedado en suspenso por el período de inmunidad parlamentaria de que gozaba Prieto Figueroa. El auto se derivaba de un juicio por acusación de un funcionario policial. La prisión de Prieto Figueroa en El Rastrillo fue considerada por un grupo de intelectuales, que protestó públicamente, como un «índice regresionista» por los encargados de aplicar la Ley. El 29 de marzo de 1938, fue negada definitivamente la legalización del Partido Demócrata Venezolano (PDV), por sentencia de la Corte Federal y de Casación, por acusárseles de promover, trabajando desde el exterior en connivencia con elementos comunistas que aún residían en el país, una candidatura (la de Rómulo Betancourt) que se consideraba comunista. Conjuntamente con estas medidas que expresan el combate abierto entre el gobierno y la oposición, el régimen de López Contreras intenta contrarrestar los conflictos sociales, ofreciendo al país un vasto plan de reformas que se conoce como el «Plan Trienal».

El Plan Trienal: El Plan aparece publicado en la Gaceta Oficial, el 7 de mayo de 1938 y constituye un intento para dar cumplimiento efectivo al «Programa de Febrero» presentado al país en 1936. López Contreras expone que su experiencia de 2 años lo ha llevado al convencimiento de que las necesidades públicas más esenciales estriban en una mayor producción y rendimiento de la economía nacional, en el abaratamiento del costo de la vida y en la trilogía: sanear, educar y poblar. De allí señala que la mayor parte de las previsiones del plan perseguían en prioridad objetivos materiales de administración, porque consideraba, superando en cierta forma las tesis positivistas anteriores, que una mejora en las condiciones de la vida vegetativa de las masas debía tener cierta preeminencia en el empeño de ilustrarlas. El plan fue acogido con entusiasmo, aun cuando el problema de su financiamiento suscitó controversia, ya que, a pesar de dársele preferencia en él al capital venezolano, el capital extranjero también sería solicitado. El régimen de Gómez había logrado cancelar las obligaciones externas del país y ello había sido considerado como un éxito, razón por la cual la prensa y algunos sectores de la oposición manifestaron inquietud ante esta propuesta. Otro motivo de preocupación para llevar el plan adelante lo constituyó el gabinete, por el cual el presidente nombró otro donde figuraban algunos nombres nuevos. Desde el «Programa de Febrero», López Contreras anunciaba la necesidad de una reforma bancaria y del establecimiento de un Banco Central de emisión. En octubre de 1937 se designa una comisión presidida por Manuel R. Egaña para estudiar la organización y funcionamiento de los bancos centrales en Norte y Suramérica y la posibilidad de crear algo similar en Venezuela. El 1 de agosto de 1938, fue llamado Egaña a encargarse del Ministerio de Fomento con la misión expresa de apresurar el establecimiento del Banco Central. La promulgación de la Ley del Banco Central de Venezuela, del 8 de septiembre de 1939, levantó una intensa campaña en contra de esta iniciativa del gobierno, con el objeto de evitar o de aplazar su establecimiento. El banco fue percibido como un instrumento interventor y coordinador de la vida económica y financiera de la Nación, permitiendo la protección de la moneda, el nivel de precios, el valor de los depósitos bancarios y también la vigilancia y fiscalización de los bancos privados e intereses particulares. Su inauguración se retrasó hasta el 1 de enero de 1940. Desatada la Segunda Guerra Mundial durante el período lopecista, los países latinoamericanos se vieron indirectamente envueltos en el conflicto y cuadrados del lado de los Aliados; pero la posición decretada por Venezuela el 4 de septiembre de 1939 para este período fue la de la de más estricta neutralidad, de acuerdo con las Convenciones de La Haya de 1907 y del derecho internacional. El conflicto bélico tuvo repercusiones de carácter económico principalmente, porque las relaciones comerciales con Europa quedaron interrumpidas, perdiéndose o reduciéndose los mercados que consumían las exportaciones venezolanas de café y cacao. Las bajas en el comercio de estos productos se vieron, no obstante, compensadas con el considerable aumento de la producción petrolera como consecuencia de los requerimientos de los aliados. Sin embargo, fue motivo de preocupación para muchos sectores políticos y económicos del país, el hecho de que el conflicto se produjese en momentos en los que Venezuela aún no producía artículos de primera necesidad que podrían ser producidos en el país, no alcanzando todavía a abastecerse a sí misma y viéndose eventualmente privada de las fuentes de abastecimiento de tales artículos, bien por obra directa de las operaciones de guerra o por vía indirecta por el descenso de la renta nacional.

Obras Públicas y educación: En materia de obras públicas, éstas cobran importancia en 1936, pasando a ocupar el primer lugar en el presupuesto de egresos por departamento del año económico 1936-1937. Se elabora el Plan Monumental de Caracas y se crea la Comisión Permanente de Vías de Comunicación, la cual elabora un programa vial que se incluye en el Plan Trienal; pero que no se realiza. El gobierno de López Contreras decreta la apertura del Instituto Pedagógico, en octubre de 1936 y el establecimiento de programas de educación normal en enero de 1937. La creciente importancia que las cuestiones económicas y sociales van cobrando en esta época determinaron a un grupo de personas, entre las cuales estaban Arturo Uslar Pietri, José Manuel Hernández Ron, Tito Gutiérrez Alfaro y José Joaquín González Gorrondona, a dirigirse al rector de la Universidad Central de Venezuela, el 17 de octubre de 1938, pidiéndole la creación de una Escuela Libre de Ciencias Económicas y Sociales, instituto que funcionaría en la Universidad Central de Venezuela. También se promueve la reorganización de la Biblioteca Nacional, haciendo traer a Anita M. Ker, del personal de la Biblioteca del Congreso de Washington, la cual llegó a Caracas el 22 de junio de 1939. En 1939 se dictó también un decreto creando el Instituto Técnico de Inmigración y Colonización, recibiendo cerca de Bs. 4.000.000 anuales para el sostenimiento de sus servicios y actividades.

La sucesión presidencial: En octubre de 1940, se celebraron elecciones municipales con toda normalidad. El gobierno se asegura el 65% de los votos a través de las Agrupaciones Cívicas Bolivarianas, que llevan a los candidatos que gozan del apoyo oficial. Se registra una abstención de sólo 22.000 votos. La oposición logra mantener un 20% de los votos. López Contreras no cuenta con un partido organizado, pero reúne en torno a su persona diversos grupos disociados. Ante un pueblo mayoritariamente analfabeto, desinformado y fácilmente influenciable por líderes locales, López Contreras tiene la habilidad de utilizar en su programa el único símbolo que significa algo para éste, como es el nombre de Bolívar, el cual también utiliza como una ideología de connotaciones cuasirreligiosas para oponerla a la «ideología extranjerizante» del marxismo. El 2 de marzo de 1941 se presenta la candidatura del general Isaías Medina Angarita en San Carlos (Edo. Cojedes), para ocupar la presidencia durante el próximo período constitucional y se hace un llamado a los concejos municipales, las agrupaciones cívicas bolivarianas y demás colectividades venezolanas para respaldarla. El general Medina es un oficial joven y hábil, popular en el ejército y leal a López Contreras, de quien era secretario privado cuando aquél era ministro de Guerra de Gómez. El 6 de febrero de 1941, en San Fernando de Apure, se postula la candidatura de Rómulo Gallegos para la presidencia de la República. El Partido Democrático Nacional consideraba oportuno auspiciar una candidatura independiente. Rómulo Gallegos, a través de su prestigio como escritor, gozaba de mucha simpatía en la población y apoyado por el diario Ahora y por algunos articulistas de El Universal, logra despertar entusiasmo. Gallegos sabe de antemano que el candidato oficialista resultará triunfador. Pero aceptó la candidatura para hacer nacer una oposición organizada que abriera vías hacia un sistema democrático. López Contreras logró que ambos terminasen la campaña con un abrazo público en una recepción que siguió a la sesión inaugural del Congreso. El 28 de abril de 1941, el Congreso en sesión conjunta elige al general Medina Angarita para el período 1941-1946, con 120 votos; Rómulo Gallegos recibió 13 votos, Diógenes Escalante 2, Luis Gerónimo Pietri 1 y José Izquierdo 1. López Contreras terminaba su período, más fuerte de lo que lo comenzó, pudiendo mantenerse en el poder si lo hubiese deseado. En su mensaje de apertura del Congreso, el 29 de abril, habla a favor del voto directo y de la necesidad de superar las elecciones indirectas a través del Congreso.
Uno de los últimos actos del presidente López Contreras en abril de 1941, había sido la firma, en la frontera venezolano-colombiana, de un «Tratado sobre la demarcación de fronteras y navegación de los ríos comunes entre Venezuela y Colombia», suscrito por este último país por el presidente Eduardo Santos. En él se declara «que todas las diferencias sobre materia de límites quedan terminadas».
El gobierno de López Contreras representó, a pesar de las limitaciones y restricciones de una oposición política, una transición pacífica y legalista hacia la liberalización política y la completa disolución del sistema autoritario y personalista anterior. Su régimen se caracterizó por constituir un esfuerzo de aprovechamiento de las condiciones que abre la época petrolera para ampliar y modernizar el aparato estatal, incrementando sus posibilidades de intervención en materia económica y social, efectuando reformas en el área de la salud pública y asistencia social. La nueva Constitución de 1936 introdujo innovaciones importantes como la reducción del período presidencial de 7 a 5 años y la no reelección, incorporó nuevos derechos sociales a los trabajadores que tuvieron como consecuencia la adopción de una nueva Ley del Trabajo; pero, al mismo tiempo y en contraste con todo esto, ratifica y refuerza la prohibición de 1928 en cuanto al comunismo, mantiene restricciones políticas y conserva la elección del presidente en manos del Congreso Nacional. C.M. de A.

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Recuperado para fines educativos
Fuente: Diccionario de Historia de Venezuela
Publicado por: Fundación Polar

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