Lusinchi, Jaime, gobierno de | Historia de Venezuela

Diccionario de Historia
de Venezuela

Diccionario de Historia de Venezuela

  • Introducción
  • Primer año de gobierno1984-1985
  • Medidas económicas
  • VII Plan de la Nación
  • La Reforma del Estado
  • Refinanciamiento de la deuda
  • Excesos de su gobierno

2.2.1984 - 2.2.1989

El gobierno del doctor Jaime Lusinchi corresponde al período constitucional 1984-1989. Es el sexto gobierno del sistema democrático iniciado en 1958. Jaime Lusinchi fue el candidato del partido Acción Democrática (AD) en los comicios que se realizaron el 4 de diciembre de 1983. Triunfó con 3.775.341 votos, mientras el candidato por el partido socialcristiano COPEI, el ex presidente Rafael Caldera, obtuvo el segundo lugar con 2.298.176, lo cual significó una diferencia de casi millón y medio de votos. En términos porcentuales Lusinchi ganó con el 56,5% de los votos contra un 30,6% de Caldera. El triunfo de AD en las tarjetas pequeñas también fue holgado, obteniendo 113 diputados y 28 senadores, lo que le otorgó al Gobierno una mayoría sólida en ambas cámaras del Congreso Nacional. Las otras organizaciones políticas lograron en este período un caudal suficiente como para ejercer una significativa presión en las instancias del poder. Seis meses después, el 27 de mayo de 1984, se realizaron las elecciones municipales, las cuales arrojaron como resultado un 66% de los votos para el partido AD y 23,7% para el socialcristiano COPEI. Puede decirse que el electorado colocó en manos del partido AD todo el poder necesario para que éste pusiera en práctica su respuesta a la crisis que padecía la sociedad desde años atrás.

Los primeros pasos del Gobierno (1984-1985): Pese a la abrumadora victoria, el doctor Lusinchi inició su gestión de gobierno, el 2 de febrero de 1984, con palabras que reflejaban modestia y conciliación. Le tocaban tiempos difíciles, pues hacía un año que la moneda había sido devaluada, primer símbolo del estremecimiento de la economía sustentada en la renta petrolera. Los signos monetarios, fiscales y económicos eran negativos y existían contradicciones radicales entre las autoridades monetarias y las fiscales sobre los métodos para resolver la crisis, lo que contaminaba el ambiente ahondando la incertidumbre. Las fallas en los servicios públicos y la corrupción administrativa hecha pública contribuían a oscurecer más el panorama. A todo esto se agregaba el problema de la deuda interna y externa que daba un relieve dramático a la coyuntura, al reducir las posibilidades de implementar soluciones.
El día de la toma de posesión Lusinchi reafirmó su promesa electoral de ser el presidente que siempre hablaría con la verdad. Al referirse al problema de la deuda externa afirmó que «Venezuela pagará todo lo que debe, hasta el último centavo»; insistió en lo apremiante de una reforma integral del Estado para «redimensionarlo y restituir su jerarquía» y reiteró la necesidad del «pacto social», ofrecido durante su campaña electoral, para sanar las heridas y alcanzar una distribución más equitativa de la riqueza. En ese discurso inaugural desarrolló su percepción del problema de la corrupción, a la cual caracterizó como una cultura de gran arraigo derivada de la renta petrolera, asegurando que su gobierno daría ejemplo de honestidad. Sobre política exterior prometió la solidaridad como una obligación hacia América Latina. El discurso tuvo una acogida favorable en la opinión pública, a tono con las expectativas del momento, y concordante con la imagen que de Lusinchi tuvo la población durante la campaña electoral.
El discurso de toma de posesión fue complementado el 24 de febrero con el anuncio, por parte del presidente, del conjunto de medidas económicas que guiarían su acción de gobierno. Se establecieron 4 tipos diferenciales de cambio: el Bs. 4,30 por dólar, fijado por el presidente Herrera Campins un año antes, se mantuvo dándole como fecha máxima de vigencia el mes de diciembre de 1985. Se otorgó sólo para el pago de las cuotas de capital de las deudas externas, para los estudiantes en el exterior y ciertos alimentos esenciales y medicinas determinados por una resolución previa del Ministerio de Hacienda. El dólar a Bs. 6,00 se concedió para la compra y venta de divisas de los sectores petrolero y del hierro, el de Bs. 7,50 para las transacciones comerciales y financieras de los sectores público y privado, así como para el servicio de la deuda. Para las actividades restantes, el dólar fluctuaría de acuerdo con la demanda. En cuanto política de precios, se mantuvo el sistema administrado de precios que venía de la gestión anterior. En materia petrolera, se anunció la voluntad de devolverle autonomía financiera a la industria para asegurarle sus inversiones y futuro desarrollo, y se anunciaron próximos aumentos del precio de la gasolina y otros derivados del petróleo. Poco después el precio de la gasolina se fijó en Bs. 1,20 la alta y Bs. 0,80 la baja. En el campo financiero, se anunció una baja drástica de la tasas de interés y el pago en breve de las deudas internas del Estado, sobre todo aquellas contraídas con los agricultores y pequeños y medianos empresarios. En la búsqueda de un equilibrio social, se anunció, entre otros, un bono compensatorio de transporte de Bs. 100 mensuales para los asalariados de menos de Bs. 3.000 mensuales durante un período de 2 años, el establecimiento de comedores industriales y la promesa de incrementar en un 10% la nómina de las empresas para el próximo semestre. Por otra parte, se ordenó a los ministros revisar sus programas para reducir los gastos de funcionamiento. Se anunciaron algunas medidas tendientes a estimular el desarrollo agropecuario, entre ellas elevar el aporte de la banca privada a la agricultura a un 22,5% de sus carteras crediticias. El presidente recalcó la onerosa cifra de la deuda, que ubicó en los Bs. 175.000 millones, un endeudamiento, dijo, muchas veces contraído al margen de la ley, y reiteró que se estableciera la verdad sobre el mismo. En septiembre de 1984 el presidente anunció desde Nueva York, donde se encontraba para pronunciar un discurso ante la Asamblea General de la ONU, un acuerdo con la banca internacional mediante el cual se establecían las bases para un convenio de financiamiento de la deuda externa y a fines de noviembre, el Ministerio de Cordiplan presentó al Congreso los «Lineamientos generales del VII Plan de la Nación». La presentación del VII Plan desató fuertes críticas y polémicas, en especial por parte del sector empresarial, viéndose prontamente truncada su realización, lo que conllevó la renuncia del ministro Luis Raúl Matos Azócar al iniciarse 1985. Este plan traía algunas novedades, entre ellas la aplicación de la planificación estratégica, la cual trataba de superar los límites de la planificación tradicional, llamada normativa, al incluir las consideraciones de los actores capaces de generar las decisiones necesarias para la acción planificadora. Pese a lo efímero del VII Plan vale la pena destacar algunos de sus elementos. Diagnosticó la situación del momento como de agotamiento del modelo venezolano de crecimiento y afirmó la necesidad de avanzar, desde la sociedad rentista, hacia otra donde el crecimiento y el desarrollo resultaren del trabajo productivo de los venezolanos. Se hizo un listado de los problemas del país, empezando con la consabida excesiva dependencia de la explotación petrolera y se expuso como estrategia general un conjunto de «proyectos de acción» destinados a reiniciar el crecimiento económico, acelerar el desarrollo social y crear una sociedad más libre. La estrategia descansaba para su viabilidad en 2 bases: la conformación de un proyecto político consensual llamado El Pacto Social y la reestructuración del Estado. Como ejes de la estrategia económica se promovían la agricultura, la industria y el turismo, buscándose al mismo tiempo una transformación y modernización del sector público para redefinir su papel en la actividad económica. Se señaló la necesidad de privatizar o transferir al sector privado un conjunto de actividades y servicios. Dentro de la estrategia social se habló de establecer incentivos especiales para las empresas que adoptasen tecnologías intensivas en mano de obra. Se afirmó que se facilitaría para el sector informal acceso al crédito y la tecnología, mediante fondos de garantía y apoyo a las empresas familiares de abastecimiento de alimentos, construcción, confección y artesanía. Se señaló la necesidad de una política tributaria centrada en la renta personal y el consumo suntuario. Se asentó igualmente, que se diseñaría un «Sistema Integrado de Transferencias Sociales» que incluía entre otros, la «cesta familiar», becas a los escolares, programas de atención nutricional en el preescolar, atención prioritaria en salud, vivienda y educación. En cuanto a la estrategia política, el VII Plan planteó la profundización de la democracia mediante la conquista de la «democracia social», la cual exigía democratizar al Estado, las relaciones entre sociedad civil y el Estado e incluso la base de sustentación de la sociedad civil mediante un tercer sistema de propiedad, que se llamó el «Sistema de Cooperación Económica». El objetivo a alcanzar con este sistema era el de extender el acceso a la propiedad empresarial a sectores de menores recursos, equilibrando con ellos las relaciones de propiedad. El proyecto de acción que se correspondía con esta estrategia, implicaba la privatización de varias empresas estatales para conformar las bases sobre las cuales crear y desarrollar dicho sistema. La temprana salida del ministro Matos Azócar ilustró las dificultades que confrontó el Ejecutivo para implementar su Pacto Social y anunció el distanciamiento del presidente de uno de los sectores de AD que lo habían llevado al poder: el sindical. Por otra parte, el VII Plan prácticamente no pudo aplicarse por las fuertes resistencias opuestas a muchas de sus proposiciones, en especial al «Sistema de Cooperación Económica». En su lugar, durante este quinquenio, la acción gubernamental en materia económica se orientaría por lo que se llamó «el Plan Trienal de Inversiones».

La Reforma del Estado: El 17 de diciembre de 1984 el presidente decretó la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, que se conocería luego como la COPRE. El propósito de dicha comisión estuvo en consonancia con el VII Plan, pues se trataba de establecer, como se expresó en el decreto, un «Estado moderno, esencialmente democrático y eficiente, en el cual los postulados de la Constitución adquieran plena vigencia y la participación ciudadana constituya un elemento efectivo en la toma de decisiones de los poderes públicos.» Las actividades de la COPRE se iniciaron en los primeros meses de 1985, presididas por el abogado, periodista e historiador Ramón J. Velásquez y como secretario ejecutivo de la misma, el economista Carlos Blanco, siendo su mandato el de adelantar una reforma consensual; se crearon un conjunto de subcomisiones y equipos de técnicos, con la finalidad de diagnosticar y jerarquizar los problemas. Simultáneamente, se desarrolló un amplio proceso de consulta a la sociedad política y civil. Esto permitió recoger del seno de la sociedad las principales quejas y recomendaciones en torno al tema de la reforma, al mismo tiempo que mantenía informados y ampliaba los sectores comprometidos con la misma. Esta forma de trabajar le produjo resultados positivos, al crearle un sólido piso de sustentación sociopolítica que le permitió presionar al Gobierno cuando a éste le faltó voluntad política para instrumentar las reformas. Hacia fines de 1985 comenzaron a cristalizar en propuestas específicas algunas de las ideas que se debatieron a lo largo del proceso de consultas. Pero las que captaron la atención de la sociedad y recibieron la mayor resistencia de los actores hegemónicos, fueron aquéllas de contenido político, las cuales por los demás, la COPRE consideraba fundamentales en la búsqueda de la reforma integral. Los documentos más importantes desde este punto de vista fueron 4 que aparecieron entre 1986 y 1987: propuestas «para políticas inmediatas» (1986); «Lineamientos generales para una política de descentralización territorial en Venezuela» (1987); «Propuesta para impulsar el proceso de descentralización en Venezuela» (1987) y «Reformas inmediatas del Poder Judicial» (1986). Además de estos documentos aprobados unánimemente o por amplia mayoría en el seno de la Comisión, fueron elaborados también algunos documentos sobre reformas económicas, entre ellos los «Lineamientos generales para una nueva estrategia económica para Venezuela» en 1987, del asesor técnico Gerver Torres. Pero ningún documento sobre esta materia logró aprobación en las plenarias de la Comisión, lo cual fue clara expresión de las dificultades que existían entre las fuerzas políticas para diseñar alternativas consensuales para el cambio en las relaciones entre el Estado y la economía. El documento «Propuestas para reformas políticas inmediatas» fue el que ocasionó mayor revuelo. Fue el primero de contenido netamente político y apuntó directamente al lugar donde se alojaban algunas de las imperfecciones más graves que venían degradando la democracia venezolana. Las reformas que se proponían en el documento abarcaban los siguientes aspectos: Profundización de la democracia en los partidos; reformas a la Ley Orgánica del Sufragio; elección popular, directa y secreta de los gobernadores de las entidades federales; reformas a la Ley Orgánica de Régimen Municipal conteniendo entre ellas la creación de la figura del alcalde y su elección del mismo modo que los gobernadores; y financiamiento de los partidos políticos. Además de la polémica originada con este documento, surgieron nuevos debates a propósito de las reformas de descentralización. Los documentos sobre descentralización incluyeron un diagnóstico fiel de la excesiva concentración de la administración pública, así como de la centralización del poder político, y ampliaron el radio de las reformas ya expuestas en el documento anterior. Entre las nuevas propuestas, además de insistir en la elección de gobernadores y alcaldes, se sugería la eliminación de las formas supraestatales de organización territorial que venían desarrollándose en la planificación nacional bajo el esquema de «regiones económicas». La propuesta consistía en volver a la organización territorial establecida en la Constitución, conformada por los municipios, como unidades primarias y las entidades federales como unidades regionales. Las reformas judiciales, pese a ser aprobadas por unanimidad en la COPRE, fueron de menor impacto en la opinión pública. Las reformas políticas propuestas estuvieron a lo largo del gobierno de Lusinchi muchas veces a punto de representar, de cierta forma, las ideas más avanzadas que habían surgido del proceso de consulta, e incluso algunas, como la elección directa de gobernadores, no fueron el producto de una demanda por parte de ninguna agrupación política significativa, sino que más bien derivaban de difusas aspiraciones de la sociedad por la descentralización, a las cuales la COPRE dio forma específica. El Gobierno rechazó el documento de las reformas políticas por salir a la luz pública sin su autorización. Paralelamente, el partido AD, que tenía mayoría absoluta en ambas cámaras, bajo el pretexto de estudiarlas, fue demorando su posición oficial, para con ello alegar posteriormente falta de tiempo legislativo para convertir dichas propuestas en leyes. En enero de 1987 el secretario general de AD, señor Manuel Peñalver, declaró: «Los venezolanos no somos suizos», con lo cual quedaba expuesta la resistencia de la cúpula del partido a cambios en las relaciones políticas. Esta parálisis se vio alterada por la coyuntura electoral de 1988, la cual fue hábilmente aprovechada por los partidos de la oposición, pero sobre todo por organizaciones civiles locales y medios de comunicación. La misma COPRE, al ser rechazada por su progenitor, el Ejecutivo Nacional, se convirtió curiosamente en un privilegiado mediador entre la sociedad y el Estado. Un hábil juego político de las diversas fuerzas pro reformas en el contexto de la pugna electoral logró el compromiso político de adelantar algunas reformas. Los sucesos de los primeros meses del gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989) lograron ratificar y aun ampliar esos compromisos. Entre 1988 y 1989 el Congreso discutió y aprobó la Ley sobre Elección y Remoción de Gobernadores de Estado (1989), la Ley sobre el Período de los Poderes Públicos de los Estados (1989); la Ley Orgánica de Régimen Municipal (1989) y la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura (1988). Con estas leyes se abrieron oportunamente espacios para cambios en el funcionamiento del Estado y sistema político.

El refinanciamiento de la deuda y la situación económica: Otra de las importantes promesas electorales hechas por Lusinchi fue la de obtener en un plazo breve la reestructuración de la deuda pública externa. Las medidas económicas anunciadas en febrero de 1984 fueron el primer paso en esa dirección, toda vez que se ajustaban a las condiciones que venía sugiriendo el Fondo Monetario Internacional (FMI) para darle créditos a los países necesitados de ello. Si bien el Gobierno se había negado a negociar con esa agencia internacional, había asumido voluntariamente las condiciones que ésta exigía como fórmula para entenderse con la banca acreedora. Después de innumerables tensiones externas e internas, el Gobierno logró firmar un acuerdo de refinanciamiento en febrero de 1986. Este primer acuerdo fue suscrito en medio de la tendencia a una baja de los precios del petróleo en los mercados internacionales, que a lo largo de 1986 se agudizaría. Esto obligó al Gobierno venezolano a solicitar poco después de firmar el convenio, el postergamiento de los pagos de amortización de la deuda correspondientes a 1985 y 1986, así como a plantear la reapertura del proceso de negociación para lograr plazos más largos e intereses más bajos. El año de 1986 fue crítico para Venezuela en materia económica. El precio del petróleo venezolano que en enero era de US $ 24 por barril, cayó en marzo a US $ 13,42 por barril y en junio llegó a ubicarse en US $ 12,99, con lo cual, los ingresos fiscales se contrajeron a casi la mitad. Eso compelió al presidente a anunciar un «golpe de timón» en el terreno económico en diciembre de 1986. Es de señalar que desde finales de 1985 el Gobierno venía aplicando una política expansiva del gasto público con el objeto de reiniciar el crecimiento económico, tal como lo había prometido al comenzar la gestión. Esta política continuó en 1986 pese al descalabro de los precios petroleros, confiándose en diversas formas de endeudamiento y echando manos al ahorro de los años anteriores. Aun cuando el discurso del presidente en diciembre de 1986 buscaba trasmitir el mensaje de un reacomodo a las nuevas circunstancias, lo cierto fue que en los años siguientes se continuó en la misma línea de la expansión del gasto fiscal como expediente para impulsar el crecimiento económico. Las nuevas medidas cambiarias anunciadas en ese discurso aumentaron las utilidades del Estado, permitiendo subsanar parcial y artificialmente la brecha fiscal, y seguir consumiendo dentro de una situación ficticia de recursos. Por su parte, los precios del petróleo siguieron bajos durante 1987 y 1988, aun cuando no se llegó a los niveles dramáticos de 1986. El nuevo acuerdo de refinanciamiento, que se firmó en febrero 1987, junto con la falta de iniciativas para crear nuevas fuentes de ingresos, desembocaron en la contracción masiva de las reservas internacionales al final del período de gobierno. Este nuevo acuerdo, pese a promocionarse como «el mejor refinanciamiento del mundo» reflejó la posición débil y poco agresiva de Venezuela en la mesa de negociaciones. Venezuela no obtuvo período de gracia, mientras México, que había firmado 4 meses antes había logrado un período de 7 años. Se estableció un plazo de 14 años para pagar, mientras que a México se le otorgaron 20, y la tasa de interés a pagar por Venezuela también fue ligeramente superior a la obtenida por el otro país. Entre 1983 y 1987 Venezuela pagaría cerca de US $ 30.075 millones por concepto de la deuda externa, habiendo recibido en ese mismo período como retorno sólo unos US $ 12.812 millones. El 2 de enero de 1989, ya electo Carlos Andrés Pérez para el período 1989-1994, el presidente Lusinchi anunció la suspensión del pago de la deuda a partir del próximo 17 de enero, pasándole a su sucesor el problema, como en su momento, también le fue pasado a él por el gobierno de Luis Herrera Campins.

Los excesos del poder: El hecho de que AD accediera al poder con una mayoría electoral tan holgada, que en rigor sólo había ocurrido antes una vez, durante la presidencia de Rómulo Gallegos (1948), contribuyó a acentuar los males que se dieron en la vida política del país durante este período. Si bien el presidente se presentó con humildad y disposición de servicio en su toma de posesión, poco después algunos signos indicaban que Lusinchi y su partido gobernarían con poca disposición a la consulta o negociación, así como escasas contemplaciones hacia los partidos minoritarios, incluyendo COPEI, con quien compartían una serie de pactos que daban estabilidad al sistema político venezolano desde 1958. En ese sentido, pocos días después de la toma de posesión, con el argumento de considerarlo un factor de perturbación para la puesta en práctica de políticas homogéneas requeridas para enfrentar la crisis, el presidente Lusinchi destituyó al presidente del Banco Central de Venezuela (BCV). Éste había sostenido abiertas diferencias con los ministros de Hacienda durante el gobierno de Herrera Campins, ganándose una reputación de polémico y difícil. Sin embargo, el cargo que ocupaba nunca antes había sido considerado de libre remoción del Ejecutivo Nacional y la medida despertó muchas dudas. Casi inmediatamente, fue removido también el presidente de Petróleos de Venezuela, antes de terminar su lapso reglamentario. Si bien estas medidas gozaban de simpatía en algunos espacios de la opinión pública, mostraban cierta flexibilidad con el respeto a regulaciones institucionales y fortalecían una tendencia, que ya se había visto con Herrera Campins, de partidizar ciertos cargos públicos que antes gozaban de relativa independencia. Aun cuando estos acontecimientos revelaban tendencias negativas de la gestión gubernamental durante el primer año y parte del segundo, fueron contrarrestados por la proliferación de denuncias sobre corrupción administrativa habidas durante la gestión anterior. El gobierno apoyó la apertura de las investigaciones, toda vez que respondían a una justa demanda de la sociedad y fortalecían la posición de su partido frente a un COPEI que se encontraba muy debilitado. Entre los juicios que merecen recordarse estuvo el que reveló las irregularidades en Aeropostal con el consiguiente auto de detención a Vinicio Carrera, ex ministro de Transporte. También se detuvo a ex miembros de la directiva del Banco Industrial de Venezuela, por un préstamo de US $ 45.000.000 que se hizo en abril de 1982 en la sucursal de Miami. Se abrió juicio al ex presidente de la CANTV. También se abrieron juicios al ex presidente de la Corporación de Mercadeo Agrícola, por el caso de una compra irregular en el exterior, a la ex presidenta de la CVF por el refinanciamiento de Cementos Andinos, al ex gobernador del Distrito Federal, por estafa a la nación en la reparación de la carretera Chuspa-Osma y al ex presidente de CADAFE. La mayoría de estas personas huyeron del país o fueron declarados inocentes en los próximos años. Por otra parte, un oficial de las fuerzas armadas hizo la denuncia sobre presuntas irregularidades en la adquisición de equipo militar durante el pasado gobierno, por la cual se abrieron investigaciones y juicios a 3 ministros de la Defensa. En enero de 1986 el papa Juan Pablo II visitó Venezuela. Fue la primera vez que el máximo representante de la Iglesia católica ponía pie en suelo venezolano. Aparte de la fiesta o alegría que este acontecimiento produjo, muchos televidentes pudieron percatarse de que el presidente Lusinchi recibía al Papa en el Aeropuerto de Maiquetía, acompañado de la primera dama doctora Gladys de Lusinchi, mientras lo esperaba en el Palacio de Gobierno, horas más tarde, acompañado de su secretaria privada, señora Blanca Ibañez. Este detalle fue la comidilla de muchos círculos sociales y hubiera sido totalmente intrascendente de no constituir la primera evidencia pública de un problema que iría creciendo en tamaño y gravedad a lo largo de la gestión de gobierno del doctor Lusinchi. No era la primera vez que los venezolanos asistían a una dualidad en la vida privada de sus mandatarios, sin embargo lo inédito del caso fue el afán protagónico de la secretaria, quien obtuvo a lo largo del período una creciente injerencia en la acción de gobierno, y aún del partido. Este problema empañó la imagen del presidente, la majestad del cargo y fue el origen de algunos actos de represión y corrupción que caracterizaron la gestión de gobierno. Por otra parte, a lo largo del período presidencial resultó muy difícil para los medios impresos mantener una posición independiente del gobierno, o criticarlo aun modestamente, pues éste era muy sensible y manejaba según sus conveniencias, entre otros recursos, las cuotas de dólares preferenciales a Bs. 7,50 para la compra de papel importado, necesario para la sobrevivencia de los impresos. Las columnas de periodistas de oposición como José Vicente Rangel o Alfredo Tarre Murzi (Sanín) dejaron de salir «provisionalmente» en los diarios. En varias oportunidades se elevaron quejas a la Sociedad Interamericana de Prensa y los periodistas hicieron marchas en protesta. Pero esta situación sólo fue superada cuando terminó el período presidencial. La combinación de la represión, junto con una eficaz política de propaganda al Gobierno, dirigida desde la Oficina Central de Información (OCI), impidió que la mayor parte de las irregularidades administrativas y los abusos de poder cometidos durante este período salieran a la luz pública. El presidente Lusinchi terminó su mandato con una popularidad relativamente alta con respecto a otros mandatarios y sería sólo posteriormente, al iniciarse el gobierno de Carlos Andrés Pérez, cuando se reveló lo que puede calificarse como el peor hecho de corrupción hasta ese momento: el escándalo del tráfico de influencias en el otorgamiento de dólares preferenciales a través del Régimen de Cambios Diferenciales (RECADI). Lo que no había trascendido más allá de los rumores durante el quinquenio, comenzó a investigarse más libremente una vez que Lusinchi dejó la presidencia. No obstante, desde 1988 el informe de la Contraloría denunció la existencia de «un grave desorden administrativo en el país», mientras voces aisladas insinuaron que se estaban produciendo hechos delictivos en el otorgamiento de dólares preferenciales en RECADI. En los primeros meses del gobierno de Pérez, salieron a la luz pública, a través de declaraciones desde diferentes instancias allegadas a RECADI, estas irregularidades y quienes estaban incursos en ella. En marzo de 1989 el diario El Nacional publicó una serie titulada: «La agenda secreta de RECADI» donde daba los pormenores de los resultados de las investigaciones del Cuerpo Técnico de Policía Judicial (PTJ), la Contraloría General de la República y el Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público. Acción Democrática, en medio del bochorno reactivó su Tribunal de Ética y expulsó, junto con los otros implicados, a la ex secretaria presidencial de las filas del partido. Más tarde la justicia le dictó auto de detención, pero ella huyó del país para finalmente solicitar asilo político al gobierno de Costa Rica. El asilo le fue concedido y desde entonces se encuentra residenciada en ese país centroamericano. Por esta misma época tuvo lugar el divorcio del ahora ex presidente y su matrimonio con la ex secretaria la señora Blanca Ibáñez. En relación al caso de RECADI también se abrieron juicios contra 4 ministros del gobierno de Lusinchi. A mediados de 1989 se denunció la malversación de fondos de la partida secreta del Ministerio de Relaciones Interiores por parte del ex presidente Lusinchi y su ministro José Ángel Ciliberto, para la compra de un conjunto de jeeps que, lejos de destinarse a actividades vinculadas con la seguridad del Estado, sirvieron primero para la campaña interna en AD del precandidato Octavio Lepage, para luego ser utilizados en la campaña electoral de 1988 y quedando posteriormente en manos de algunos militantes de AD y allegados. Esta denuncia desembocó en agosto de 1993 en la decisión de la Corte Suprema de Justicia de encontrar méritos para enjuiciar al ex presidente y la aprobación en el Congreso del levantamiento de su inmunidad parlamentaria. M.L.M.

BIBLIOGRAFÍA: COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA LA REFORMA DEL ESTADO (COPRE). Folletos para la discusión. Caracas: Ediciones de la COPRE, 1986-1987; COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA LA REFORMA DEL ESTADO (COPRE). La Reforma del Estado. Proyecto de Reforma integral del Estado. (Prie). Caracas: Ediciones de la COPRE, 1988; Crónica de una gestión: Jaime Lusinchi, 2-2-1984-31-1-1987. Caracas: Imprenta Nacional, 1987; CUNILL GRAU, PEDRO MANUEL F. SIERRA y otros. Venezuela contemporánea 1974-1989. Caracas: Fundación Eugenio Mendoza, 1989; GÓMEZ CALCAÑO, LUIS y MARGARITA LÓPEZ MAYA. El tejido de Penélope. La reforma del Estado en Venezuela (1984-1988). Caracas: Ediciones CENDES-APUCV-IPP, 1990; LÓPEZ MAYA, MARGARITA; LUIS GÓMEZ CALCAÑO y THAÍS MAINGON. De Punto Fijo al Pacto Social. Desarrollo y hegemonía en Venezuela (1958-1985). Caracas: Fondo Editorial Acta Científica Venezolana, 1988.

Recuperado para fines educativos
Fuente: Diccionario de Historia de Venezuela
Publicado por: Fundación Polar

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